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Durante la persecución a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa registrada el 26 de septiembre de 2014, los policías municipales de Iguala disparaban contra todos los vehículos particulares que circulaban por la carretera que conecta ese municipio con la ciudad de Chilpancingo, revelan testimonios de automovilistas y paseantes tomados un año después de los hechos y que aparecen en la versión pública del caso de los 43 normalistas.
En la segunda parte del expediente que fue divulgado el día de ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) se puede observar que la mayor parte de las declaraciones y testimonios que han ofrecido policías municipales de Guerrero, presuntos responsables y otros testigos de los hechos se han testado o resguardado pasajes completos relacionados con los hechos registrados la noche del 26 de septiembre en el municipio de Iguala, Guerrero.
A lo largo de 69 tomos y 48 mil 583 fojas, así como 14 anexos, más de 30 fiscales y ministerios públicos de la PGR trabajaron en la versión pública, pero protegieron las referencias a horas, lugares específicos y partícipes de los hechos, por lo que sólo aparecen visibles frases sueltas como “no recuerdo”, “no tenía” o “no me sé los nombres”.
En el tomo 154 de la versión pública están las declaraciones de tres víctimas del caso Iguala que se dirigían al partido de futbol entre los Avispones de Chilpancingo y el Club Iguala, los cuales son coincidentes: los policías municipales disparaban contra todos los vehículos que circulaban por la zona, sin importar que no estuvieran relacionados con los jóvenes normalistas.
En todos los casos se omiten las identidades de los afectados y se pueden encontrar las constancias de que fueron trasladados a un hospital de Chilpancingo para recibir atención médica. Incluso, intentaron advertir al autobús de los Avispones del peligro que enfrentaban, pero no lo lograron: el chofer y uno de los jugadores murieron a consecuencia de los disparos.
Uno de los afectados señala que a la altura del crucero, cuyo nombre está tapado con marcador negro, observó muchas luces que atravesaban la carretera “creyendo que eran cohetes”, pero que segundos después se da cuenta de que son balas. “Las escuchábamos más cerca como si nos quisieran tirar a nosotros”, relata.
El testigo y sobreviviente observa a una de las víctimas que agonizaba a consecuencia de un balazo en el rostro y en el cuello, por lo que empieza a solicitar ayuda a los números de emergencia 089 y 066 que maneja la Policía Estatal de Guerrero, sin obtener respuesta por parte de las autoridades.
En el ataque ocurrido en la carretera que conecta Iguala con Chilpancingo también murió una mujer que viajaba en un taxi, cuyo conductor ya herido manejó en reversa para tratar de protegerse de la policía municipal de Iguala. Su esfuerzo no fue suficiente para salvar a su pasajera, según reporta otro de los testimonios.
“Venía en reversa (el taxi), cuando llegó hasta donde estábamos… el vehículo estaba balaceado, me acerqué y me di cuenta de que la pasajera que iba en la parte de atrás… ayudamos a bajar el chofer”, señala el relato entre borrones. Se trata de testimonios tomados hasta octubre de 2015, es decir, más de un año después de los hechos.
En el tomo 136 se pueden leer testimonios de los normalistas que sobrevivieron al ataque de los agentes municipales vinculados con el grupo delictivo Guerreros Unidos y cómo después de disparar contra civiles comenzaron a recoger los casquillos percutidos que encontraban a su paso para dificultar la indagatoria antes de que empezara.
En este tomo, de la averiguación se eliminó hasta el color de la ropa que los jóvenes normalistas abandonaron después de ser atacados por los municipales. Incluso, se borró el color de la mancha de sangre que presentaba una de las prendas.
No obstante, la PGR defendió su actuación en la elaboración de la versión pública por considerar que en el testado de la información los más de 30 servidores públicos participantes se apegaron a las normas ya verificadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Agregó que la apropiada clasificación de la información contenida en el expediente tuvo como fin “garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables”.
