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El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, consideró que la corrupción es un asunto cultural, “ya que forma parte de los seres humanos que siempre buscamos rentabilidad comercial y respondemos a otros incentivos”.
Durante su participación en el foro La Información en el Combate a la Corrupción. ¿Cómo nos arreglamos?, el funcionario explicó que este enfoque no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que actualmente se discute en el Senado, porque lo deben reforzar los mecanismos para combatir este flagelo.
En entrevista, Andrade Martínez aseguró que sólo en caso de que existan funcionarios públicos involucrados en el caso Panama Papers, la dependencia a su cargo realizará una investigación.
“La SFP participa cuando servidores públicos están involucrados en faltas a la ley. Y respecto al caso específico señalado, ya ha mencionado la autoridad correspondiente, que es el SAT, las acciones que realizará”, explicó.
Andrade dijo que en unas semanas más se dará a conocer el resultado de la investigación a los contratos que realizó el Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, a quien se le vincula con los paraísos fiscales en Panamá.
Mientras en el foro, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, aseguró que es urgente que sean aprobadas las leyes del SNA, diseñado para eliminar los espacios e incentivos de la corrupción, sin dejar de atender la parte sancionatoria y disuasiva.
“Ojalá esto no se vaya a enredar con el proceso electoral que estamos empezando en varios estados, y que implica negociaciones de diputados y senadores”, dijo.
En su oportunidad, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), Ximena Puente, afirmó que es momento de que “los mexicanos pasemos de un estado de apatía a la acción contra la corrupción en todas sus modalidades”.
Refirió que hasta el momento sólo ocho entidades de 32 han armonizado las leyes estatales con la Ley General de Transparencia, y dijo que el Inai revisa otras ocho legislaciones para que estén acorde con la norma general.
