Avanza en San Lázaro ley secundaria de transparencia

politica@eluniversal.com.mx

Por unanimidad y con 23 votos a favor, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El dictamen, que amplía el abanico de sujetos obligados de 245 a 900, corresponde a la ley secundaria de la reforma constitucional de transparencia que fue avalada en la pasada Legislatura.

La votación del dictamen se prolongó por casi tres horas debido a que el presidente de la comisión, Rogerio Castro (Morena) y la secretaria, Candelaria Ochoa (MC), se oponían a que se aprobara esta minuta, ya que no estaba incorporada en el orden del día.

Esto generó un enfrentamiento con los diputados del PRI, PAN, PRD y Verde, luego de que el diputado del tricolor, Hugo Gaeta, pidió someter a votación su incorporación al orden del día, lo que finalmente ocurrió.

Entre el contenido del dictamen se encuentra que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción; además, que a ninguna persona se le podrá restringir el derecho de acceso a la información por vías o medios directos o indirectos”.

También amplía las obligaciones de los sujetos obligados, en el ámbito federal, estableciendo que deberán poner a disposición de la ciudadanía toda la información que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y deberá mantener actualizada esta información en sus respectivos medios electrónicos y estas disposiciones abarcan a todos los servidores públicos, desde el Ejecutivo federal, hasta los órganos autónomos constitucionales.

El documento con casi 20 reservas será sometido a votación en el pleno hasta después del 6 de abril, según acordaron algunos integrantes de este órgano legislativo.

Sin embargo, los legisladores de izquierda acusaron un “albazo” del dictamen porque “tiene errores” y deja fuera del abanico de sujetos obligados a las empresas productivas, filiales y subsidiarias del gobierno, así como no hace obligatoria la iniciativa 3 de 3 para hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.

“Seguimos insistiendo que aquí hay detrás el interés muy claro de proteger a estas empresas, de no dejar que avance la transparencia en el tema de Pemex y CFE, donde sabemos y tenemos conocimiento de actos de corrupción, de asuntos de opacidad de los recursos, por lo que no podemos permitir que en esta ley en la que debemos establecer y dejar en específico, no se haga”, comentó Rogerio Castro del partido Morena, quien acusó al tricolor de hacerlo “como siempre: pasarla en sus términos y además violando el reglamento”.

Ya en la comisión, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, rechazó un “albazo” o un mayoriteo y dijo que los legisladores de izquierda sólo “esconden la pelota”.

Contenido. El documento señala que los documentos reservados podrán ser desclasificados cuando: se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo de clasificación, exista resolución de la autoridad competente que determine que prevalece el interés público sobre la reserva de la información o cuando el Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación.

Determina que la información reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por cinco años, con posibilidad de ampliarse por el mismo.

Puntualiza los elementos que clasifican a la información como reservada: aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; la que menoscabe la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; aquella con la que se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional; cuando afecte las políticas monetarias o financieras del país; así como la que ponga en riesgo la vida o integridad de una persona física.