Más Información
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/R5HBGYH5ARAW7F4REX7KOBUXE4.jpg)
En inédito caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF) acreditó un caso de acoso laboral y discriminación de magistrados electorales en contra de una magistrada, por lo que ordenaron dar vista al Senado de la República para que tome las decisiones que correspondan.
Al resolver el juicio ciudadano interpuesto por la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, por unanimidad los integrantes de la Sala Superior repudiaron los hechos, mismos que quedaron confirmados, entre ellos la obstrucción al trabajo, la falta o retraso de convocatoria a sesiones, ocultamiento de información, aseguramiento de oficina y otras trabas al desempeño.
Por todo ello, se dio vista a la Contraloría Interna del mismo tribunal para que determine si tiene o no responsabilidad el secretario general de acuerdos.
El magistrado presidente del Tribunal, Constancio Carrasco Daza, destacó en este caso “estamos juzgando a los jueces” pero, expuso su preocupación, para juzgar con perspectiva de género se requiere que haya un desempeño personal también congruente.
Se trata de un caso de violencia política contra la mujer y discriminación. Aún subyace, advirtió la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, la concepción de que las mujeres no tienen la misma capacidad para ejercer el cargo en condiciones de igualdad y eso da pie a la discriminación, advirtió.
El magistrado ponente, Pedro Esteban Penagos, advirtió que la intención ha sido “menoscabar y obstaculizar” a la magistrada y el encargo de un órgano jurisdiccional es procurar acceso a la justicia, “si no hay coordinación entre los propios integrantes de un órgano jurisdiccional cómo vamos a pensar que se está impartiendo justicia debidamente”.
El magistrado Flavio Galván advirtió que es lamentable que casos así se presenten y condenó la actitud de los magistrados pares de la denunciante.
“Las diferencias en un colegiado no se pueden traducir en faltas de respeto al resto de los integrantes de ese órgano, menos aún en atentado a su integridad física y moral…tal vez los señores magistrados y perdón por lo de señores, no han tenido la oportunidad de leer el código modelo de ética electoral que este TEPJF y la Asociación de Salas Electorales de la República Mexicana suscribieron”, condenó.
Advirtió que a eso se suma la ausencia de normas de los nuevos órganos jurisdiccionales, pues viven en un limbo jurídico tras la reforma electoral. “Al Congreso quizá se le olvidó expedir una ley orgánica de los Tribunales electorales locales”, otorgarles presupuesto.
Incluso se pronunció porque la PGR o la Secretaría de la Función Pública pudiesen revisar el caso de la magistrada Pedroza, a quien se vulneró su derecho a la personalidad, al buen nombre, a la tranquilidad, al trabajo digno, a la dignidad personal.
El magistrado Manuel González Oropeza advirtió también “es abominable, no puede construirse una justicia electoral con base en estas corruptelas, acotar el salario, los beneficios, los vehículos según a cómo vota” un magistrado.
El magistrado Salvador Nava Gomar expresó: ¿Qué garantía puede dar quien no honra a sus pares? Tutelamos derechos y tutelamos la democracia, y si es un tiranillo ahí porque se tiene tres dedos de poder para administrar un coche, para ordenar que se revise una computadora, para atreverse a considerar si se incluye o no un voto particular o alguna consideración de un par, ¿qué tan demócrata puede ser quien no honra las diferencias de sus iguales? ¿De qué estamos hablando? Caramba”.
