La mayoría del pleno del Senado, formada por PRI y PVEM, frenó dos puntos de acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos que reconocían como “aportaciones” las observaciones y recomendaciones de la CIDH, en su visita a México de octubre pasado, en las que se incluía el respaldo del organismo hemisférico al requerimiento del GIEI de entrevistar militares acuartelados en Iguala en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
PRI y PVEM en una sola votación económica, a mano alzada, también estuvieron en contra de un segundo punto de acuerdo, en el que se exhortaba al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a revisar y, en su caso, que “proponga los cambios correspondientes a la normatividad militar para fortalecer la vigencia de los derechos humanos”.
La vice presidenta en turno de la mesa directiva, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), anunció los dos puntos de acuerdo y abrió el espacio para posicionamientos, sin que ninguna bancada interviniera y, finalmente, se votó con el resultado en contra decidido por la mayoría.
Ambos dictámenes habían sido aprobados en la Comisión de Derechos Humanos, y en un recurso inusual en el Senado, entraron al pleno donde al desecharse quedaron fuera del debate legislativo y se destinaron al archivo.
El proyecto referente a la CIDH establecía que “el Senado de la República reconoce las aportaciones de las observaciones y recomendaciones derivadas de la visita in loco a nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y se compromete, en el ámbito de sus competencias, a analizar sus recomendaciones”.
También exhortaba al Ejecutivo a que “implemente las acciones administrativas y presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones hechas al Estado mexicano por distintos organismos internacionales en materia de protección de derechos Humanos”.
La CIDH emitió 21 recomendaciones al Estado mexicano, tras su visita a México de octubre pasado, y al respecto el Senado desechó el dictamen en el que se comprometería a analizar dichos puntos.
Una de las recomendaciones del CIDH respalda al GIEI, en el caso Ayotzinapa. El exhorto que fue desechado incluía entre otras propuestas, crear en México una institución nacional autónoma de servicios forenses, un registro nacional sobre localización de restos no identificados inhumados en cementerios, maximizar esfuerzos en la búsqueda de fosas clandestinas, crear un Registro Único Nacional de Personas Detenidas, entre otras.
