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alberto.morales@eluniversal.com.mx
El gobierno de México planteará —en la sesión especial de la ONU sobre el problema mundial de las drogas [UNGASS 2016]— un nuevo modelo de política contra las drogas basado en que éste es un problema de salud pública, en el que lo importante son los individuos y no las sustancias, así como una nueva política de prevención del consumo.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, aseguró que esa será la postura que México llevará a la ONU el próximo 19 de abril en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
“Para el gobierno de México es fundamental tomar no sólo las convenciones [contra las drogas] sino todos los instrumentos internacionales, y con eso poner énfasis en la persona humana, en concebir el problema de las drogas como un asunto de salud pública”, dijo el funcionario tras participar en las audiencias públicas organizadas por el Senado rumbo al UNGASS 2016.
En la antigua casona de Xicoténcatl, el embajador Ruiz Cabañas expresó que México hizo un decálogo de propuestas para la sesión especial de la ONU, pues todavía hay países que tratan el combate contra las drogas desde un enfoque punitivo, “y para México esto ya no es suficiente.
“Hay muchos países que consideran que el enfoque punitivo debe seguir siendo el más importante para combatir el narcotráfico, nuestra experiencia dice: ‘No es suficiente, tenemos que tener políticas más integrales, más equilibradas’”.
Explicó que lo más importante para hacerle frente al problema mundial de las drogas es generar políticas en favor del desarrollo socioeconómico, la salud pública y los derechos humanos. Para atender los daños sociales del mercado ilícito de sustancias México planteará un enfoque integral de prevención del consumo, además de otros factores como el delito, la violencia, la exclusión y el debilitamiento del tejido social.
“Queremos garantizar un mejor acceso a las sustancias controladas para fines médicos y científicos. Es una paradoja que haya personas que en los países en desarrollo mueren con dolor porque no tienen acceso a las sustancias controladas”, dijo.
Antonio Mazzitelli, representante de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, coincidió en que la guerra contra el narcotráfico debe terminar, porque se trata de un problema de salud pública que debe encontrar respuestas dentro de políticas públicas.
“El documento que será discutido en la asamblea, proyecta una nueva dimensión al tema de las políticas de drogas, reconociendo no sólo que hubo un avance, que la guerra a las drogas que había sido declarada hace más de 35 años en este hemisferio, se ha acabado o tiene que acabarse; sobre todo en determinadas circunstancias y perspectivas”, dijo.
Mazzitelli expuso que el tráfico de droga es un crimen transnacional que tiene que ser combatido adentro de las políticas en contra del crimen organizado, contra el tráfico de personas, de armas, así como las relaciones contra los grupos terroristas.
Gil prevé avances. El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), coincidió en que la política prohibicionista y punitiva ha sido un rotundo fracaso, que también ha implicado enormes costos sociales.
Gil adelantó que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el Congreso podría avanzar en temas como el uso medicinal de la marihuana, elevar el gramaje permitido para la cannabis —mayor a 5 gramos—, así como en el mecanismo de excarcelación de personas condenadas por delitos contra la salud, en ciertos casos.
El panista dijo que esta semana podría presentarse el informe final de las audiencias públicas sobre las alternativas de regulación de la marihuana organizadas por el Congreso, pero no precisó la fecha.
El comisionado Nacional Contra las Adicciones, Manuel Mondragón, anunció que la Secretaría de Salud creará un “gran programa de prevención” contra el uso de sustancias adictivas que se llevará a cabo en conjunto con las Fuerzas Armadas, el IMSS, el ISSSTE, la SEP, así como los gobiernos estatales y municipales.
Por su parte, el ómbudsman nacional, Luis Raúl González, aseguró que en el debate sobre las drogas debería verse de manera integral, cuyo eje central sean los derechos humanos.
“Esta integralidad sólo será posible si se toman los derechos humanos como eje de toda política pública y parámetro de validez de cualquier acción que se emprenda en el ámbito de las drogas. Para tal efecto, estos derechos deben ser vistos bajo los estándares de universalidad, interdependencia y progresividad que le son propios, y no de manera parcial y aislada”, dijo.
