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natalia.gomez@eluniversal.com.mx
Juan Méndez, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre tortura, fue notificado por el gobierno de México que no será posible este año atender su petición de regresar al país, toda vez que están programadas con antelación las visitas de otros expertos.
La misión del relator concluye en octubre próximo, por lo que desde septiembre de 2015 solicitó de manera formal al gobierno de México realizar este año, antes de que termine su labor, efectuar una visita de trabajo y seguimiento, después de que la anterior —y que se tradujo en un informe— provocó un diferendo diplomático, puesto que afirmó que la tortura es una práctica generalizada en el país.
Juan Méndez indicó a EL UNIVERSAL que el gobierno mexicano le respondió que este año no podrá visitar el país para dar seguimiento a su trabajo, debido a que se recibirían otras visitas, que están previstas de acuerdo con los protocolos que se siguen para que los expertos de Naciones Unidas efectúen diagnósticos del país, que se agendan con anticipación.
Explicó que el 7 de marzo, en Ginebra, Suiza, en una entrevista que sostuvo con Jorge Lomónaco, embajador de México ante Organismos Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el diplomático le expuso que no se podía hacer la visita de seguimiento que solicitó en el curso de 2016, y la que eventualmente pueda existir por parte de la Relatoría de Tortura la hará su sucesor si es que así lo considera el gobierno. Hasta el momento no ha recibido un documento por escrito de la decisión.
Este diario solicitó la posición de la SRE sobre el tema, pero no hubo respuesta de la dependencia.
Autoridades diplomáticas consultadas indicaron que México siempre está abierto al escrutinio internacional, y las visitas se programan a partir de la agenda de múltiples autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil, por lo que no es posible aceptar la petición de Méndez antes de octubre próximo, que es cuando el experto concluye su mandato en la ONU.
Rechazaron que el diferendo que existió con Méndez, y que se dio por terminado el 5 de abril de 2015, influyera en la decisión. En esa fecha el gobierno mexicano, en un comunicado de la SRE, reafirmó la postura en torno a lo dicho sobre el papel que desempeñó el relator Méndez, al señalar que fue irresponsable y poco ético por asegurar que la tortura es generalizada en el país.
El 9 de marzo de 2015, Méndez presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos y desde aquella fecha México rechazó el contenido, al señalar que sólo pudo documentar 14 casos.
El relator visitó el país entre abril y mayo de 2014 y desde esa fecha él afirmó que la tortura era generalizada. México trató de convencer a Méndez, a lo largo de un año, para que no mencionara el término de generalizada, pero no lo logró.
El entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Manuel Gómez, consideró que Méndez no fue “profesional ni ético”, que no valoró adecuadamente la información brindada por las autoridades mexicanas. Esta postura fue respaldada por José Antonio Meade, quien era en ese periodo el canciller.
