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Se trata de un big brother financiero. Sus participantes son el Presidente de la República, senadores, diputados, el jefe de Gobierno capitalino, delegados, secretarios de Estado, directivos de organismos autónomos, líderes de partidos políticos, presidentes municipales, miembros del Poder Judicial y altos mandos militares.
Todos sus movimientos financieros son vigilados en México y en todo el mundo; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene reportes específicos de las llamadas Personas Políticamente Expuestas y sobre el número de consignaciones ante la PGR por uso indebido de recursos.
En respuesta a una solicitud de información presentada por EL UNIVERSAL, la SHCP informó que en la base de datos en la que se registran las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la PGR “no existe columna o apartado para identificar cuántas denuncias se han presentado en relación con las Personas Políticamente Expuestas”.
La dependencia dijo que la UIF tiene atribuciones para realizar el análisis de los reportes de operación que presentan los sujetos obligados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Hacienda expone que considerar a un servidor público como Persona Políticamente Expuesta no implica que sólo por tener ese carácter esté implicado en alguna irregularidad.
“Simplemente es un indicador de riesgo que debe ser analizado en conjunto con otros, para después determinar, de acuerdo con el modelo de riesgo, si se trata de un acto u operación que pudiera favorecer, prestar o cooperar cualquier especie para la comisión de delitos de terrorismo, su financiamiento u operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Para Guillermo Cejudo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y experto en temas de evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas, el mecanismo sería más efectivo si existiera una lista de Personas Políticamente Expuestas que fueron sancionadas.
“Sería más eficaz que existiera una lista de Personas Políticamente Expuestas sancionadas o que haya concluido la investigación en su contra, por ello es crucial conocer qué casos han sido sancionados en el país”, dice.
Considera que el efecto de estos instrumentos es positivo, no sólo por lo que detectan y las denuncias ante la PGR, sino por su papel de “disuadir” a los funcionarios al saber que Hacienda tiene los elementos legales y tecnológicos para detectar “operaciones sospechosas” de las Personas Políticamente Expuestas.
“El principal efecto puede no ser lo que detecte o lo que denuncia, sino el efecto disuasor en las operaciones. Pero el problema para cualquier análisis es que es imposible documentar. Para que ese efecto disuasor funcione, tiene que haber casos en los que se haga notorio que el mecanismo funcionó y que alguna Persona Políticamente Expuesta fue detectada o sancionada”, comenta el experto.
Desde 2013, Elba Esther Gordillo, ex líder del SNTE, es investigada por uso de recursos de procedencia ilícita, y en su momento se dijo que la UIF colaboró en la indagatoria. No obstante, dice Cejudo, no existe un indicador que señale que gracias a ese instrumento la otrora líder magisterial está siendo investigada dentro del universo de Personas Políticamente Expuestas.
Participantes del big brother financiero
En México, la lista de personas bajo la lupa incluye a más de 2 mil servidores públicos, cuya actividad financiera es vigilada dentro y fuera del país, así como las de su cónyuge, concubina o concubinario, y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado. También personas morales con las que tengan lazos patrimoniales.
Todas las instituciones del sector financiero están obligadas a reportar ante la UIF las operaciones que realizan los bancos, casas de bolsa, afores, centros cambiarios, almacenes de depósito, entre otras, y en especial las Personas Políticamente Expuestas.
Cualquier operación financiera hecha por los integrantes de esta lista es reportada a Hacienda dentro del territorio nacional, y también en el extranjero, gracias a convenios internacionales para prevenir y detectar el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Es decir, si un gobernador, secretario de Estado, edil o legislador, cónyuge o familiar en segundo grado realiza, por ejemplo, una compra de un auto o un bien inmueble en México o en el extranjero, inmediatamente se emite una alerta que, dependiendo del monto de la operación, es clasificada por la UIF.
La UIF considera “operaciones inusuales” aquellas que no concuerdan con las actividades declaradas o conocidas del funcionario; “movimientos preocupantes” aquellos en los que los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras puedan vulnerar la norma.
Como “operaciones preocupantes” clasifica las acciones de los sujetos obligados que por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de la norma, o aquellas que, por cualquier otra causa, resulten dubitativas para dichas instituciones y sujetos obligados.
Las “operaciones relevantes” son las realizadas con billetes y monedas en México u otro país, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior a 10 mil dólares estadounidenses.
Ello, independientemente de que puedan estar vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y su financiamiento.
Poca acción penal
En 2014, a la UIF le fueron reportadas, en total, 113 mil 925 “operaciones inusuales”; 174 “preocupantes”, y 6.6 millones “relevantes”. Sin embargo, en ese mismo año sólo presentó 87 denuncias ante la PGR por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
De enero a septiembre de 2015, la UIF recibió, en total, 98 mil 641 reportes de “operaciones inusuales”; 174 “preocupantes”, y 4.7 millones “relevantes”. Empero, sólo ha presentado 72 denuncias ante el Ministerio Público de la Federación, sin especificar si alguna de esas denuncias corresponde a una Persona Políticamente Expuesta.
En su más reciente reporte, la Secretaría de Hacienda informó que de 2006 a septiembre pasado la UIF ha formulado 528 denuncias ante la PGR, pero no detalla en cuántos casos ha procedido la acción penal.
