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La Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado aprobó una propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cancillería a remitirle resultados de una investigación abierta por esta dependencia al cónsul de México en Denver, Carlos Bello Roch, sobre eventuales beneficios personales que hubiera obtenido a través de la organización Foro Vail.
La propuesta, que fue votada por unanimidad por la comisión que preside Marcela Guerra (PRI), antepuso respetar el principio de presunción de inocencia de Bello Roch y esperar a que se concluya la investigación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y que de sus resultados se desprenda si hubiera sanciones administrativas y penales para el cónsul o si se limpia su nombre.
De acuerdo con la argumentación del punto de acuerdo que presentaron los panistas Gabriela Cuevas y Juan Carlos Romero Hicks, de acreditarse beneficios personales del cónsul, el diplomático podría ser sancionado con la inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar un cargo público, y si fuera responsable del delito de peculado, la pena podría ser de dos años de prisión.
EL UNIVERSAL ha reportado en las últimas semanas la creación de una entidad promotora de inversiones y negocios por parte del cónsul de México en Denver, Carlos Bello Roch, titulada a su nombre cuando fue establecida con recursos del propio consulado.
Romero Hicks, quien propuso el punto de acuerdo, dijo en entrevista que de manera informal la Cancillería le explicó que se ha abierto una investigación, y por ello el acuerdo propone solicitar que la SRE confirme formalmente que lleva a cabo la indagatoria y que los resultados sean enviados al Senado.
Hay que hacer la investigación, como lo señala el punto de acuerdo aprobado, y en tanto no podemos prejuzgar”, sostuvo Romero Hicks en entrevista.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas Barrón (PAN), también proponente del tema, dijo que en la redacción final del acuerdo se vio la mano del PRI, “buscando que no exista la transparencia suficiente en un tema que involucra un cobro indebido de recursos públicos”. Afirmó que la SRE debe al Senado “explicaciones que hoy no tenemos; no hay una versión oficial de lo que sucedió con este cónsul”.
En la reunión de dicha comisión, la priísta Marcela Guerra dijo que los actos de corrupción se deben erradicar de la vida pública, pero hay que conceder el derecho de las personas a que prueben su inocencia o que se recurra a una investigación. Subrayó que en el Senado “no somos jueces”, y por ello se solicita la investigación de los hechos.
Fidel Demédicis (PRD) dijo que es indispensable que se lleve a cabo una investigación en el consulado en Denver, con atención a la presunción de inocencia, y que de las averiguaciones la misión diplomática quede libre de sospecha.
Graciela Ortiz (PRI) afirmó que se deben llevar a cabo las investigaciones para no dejar resquicio a la impunidad ni a la comisión de presuntos actos delictivos por quienes deben en el exterior llevar el nombre de México con gran dignidad en su investidura. Es importante, dijo, que “quien es señalado acredite si las imputaciones son correctas, que se aplique la sanción correspondiente, y si no son correctas, que se establezca la limpieza de su nombre”.
En su propuesta original, Cuevas Barrón y Romero Hicks refieren que si la empresa Foro Vail, registrada a nombre del cónsul Bello Roch, no tiene fines lucrativos, habría sin embargo una irregularidad, al no haber informado a la Cancillería sobre la realización de tales actos.
