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Diego Valadés Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que la Constitución debe adecuarse en algunos capítulos, debido a que en su forma “son un desastre”. El instituto, refirió, sugiere hacer ajustes técnicos para homogenizar su contenido.
“Si bien hacer adecuaciones no resuelve problemas, sí permite sistematizar las formas de manejar, adicionar e identificar qué es lo que se deberá reformar”.
Resaltó que uno de los propósitos centrales de la Constitución es crear cohesión social. “Esa ley es un continuo y debe preocuparnos el orden que nos rige y los efectos que eso tiene sobre nuestra vida cotidiana porque, evidentemente, el mandato constitucional tiene un impacto en la vida social e individual”.
En tanto, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró necesario reordenar la Constitución y cambiar de lugar algunas cosas. “Hay defectos técnicos derivados de las reformas que se han hecho y su texto es tres veces mayor a cuando se promulgó en 1917”.
Estimó importante agregar un preámbulo a la Ley Suprema, un resumen de los principios y valores que guían la vida constitucional de la nación, pues el actual es meramente burocrático.
“Si se quiere celebrar el centenario de la Carta Magna en 2017, no puede ser con el texto actual. Además, revisar la Constitución daría más claridad a los debates legislativos. No se trata de crear obstáculos a su dinámica actual, ni de propuestas para modificar artículos, sino crear un instrumento ordenado”.
“El 99 Aniversario que está por celebrarse, es una oportunidad única para reflexionar sobre la Constitución que tenemos y la Constitución que quisiéramos tener”, agregó.
Por su parte, César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que la Constitución de 1917 es un cuerpo vigente, útil y regulador del poder democrático, no obstante que ha sido modificado en un 81 por ciento desde su promulgación.
Durante el Foro “México ante el Centenario de la Constitución: La Constitución nos Une”, aseguró que las principales reformas contribuyeron a la redistribución del Poder, dando origen a instituciones como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual permitió delegar facultades que eran del Ejecutivo.
Esta redistribución fue la respuesta del Poder a una demanda ciudadana de horizontalizar, es decir, democratizar el ejercicio del poder, introducir controles y echar mano de la frase “lo único que limita al poder, es el poder mismo”.
Asimismo, el director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) Sadot Sánchez Carreño, consideró que el Centenario de la Constitución de 1917 “no es un límite ni una frontera, sino la oportunidad para que con una mirada renovada, repensemos cómo el proyecto de nación que le da forma y contenido, responde con eficacia los anhelos y las exigencias de nuestra sociedad cambiante”.
La Constitución es, en esencia y origen, el pacto político primigenio que, además de darnos identidad nacional, es el conversatorio nacional para los acuerdos sociales. Si bien, a casi cien años de su expedición, los principios de libertad, justicia, democracia y soberanía permanecen inalterables, también lo es que el catálogo progresivo de los derechos humanos constituye un horizonte que se ha ampliado y cobra una mayor vigencia en nuestra democracia constitucional.
También es pertinente, dijo, que la cultura constitucional explore la incorporación al sistema jurídico de alternativas legales para que a través de leyes constitucionales, leyes del desarrollo constitucional o el concepto que deba definirse, se actualicen para permitir una modernización y un permanente dinamismo al pacto político. “Esas nuevas leyes darían cabida al aspecto reglamentario de la Constitución y le dejarían a ésta las decisiones fundamentales”.
