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A pesar de las críticas que México ha recibido del sistema interamericano en el tema de violación a los derechos humanos, el gobierno reiteró su apertura al escrutinio y además ha emprendido una campaña para rescatar financieramente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Emilio Rabasa, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró a EL UNIVERSAL que continuarán trabajando para que México sea evaluado en el tema de derechos humanos pero con una postura firme para que no haya evaluaciones generales.
“Aceptamos que vengan [los expertos], lo único que se solicita precisamente es puntualidad del análisis y de los comentarios y no su generalización. México sostendrá su verdad”, dijo en entrevista.
A la par, mantienen el trabajo para salvar a la Corte que no solamente subsiste de fondos regulares producto de las cuotas, lo hace sobre todo de recursos voluntarios de países europeos. Es por ello que el retiro de las aportaciones de Dinamarca y Finlandia, que decidieron dirigirlas a órganos equivalentes en África, dejó un déficit de casi un millón de dólares.
“Existe una situación de vulnerabilidad financiera muy fuerte, que puede llegar a hacer crisis en marzo”, declaró Rabasa.
“México ofreció su liderazgo, sus oficios para fortalecer y convocar al grupo de países parte de la Convención que reconocen la jurisdicción de la Corte para encontrar salidas y soluciones al problema financiero inmediato que se tiene y luego soluciones a más largo plazo”, agregó.
Afirmó que la región no puede permitir que decaiga el organismo, porque es uno de gran importancia en el continente. Refirió que de acuerdo con un análisis comparativo esta instancia es el órgano de menores ingresos equivalente a sus pares en otros lugares, por ejemplo, en África o Asia.
“Estamos coadyuvando junto con otras naciones para arreglar este problema financiero y que no siga dependiendo de fondos temporales o provisionales y menos de países de fuera del continente. Lo importante es que México está encabezando un movimiento que busca la solución al problema económico”, dijo.
Entre las posibilidades que se han planteado, apenas como una propuesta, están que diversos países contribuyan con recursos humanos, como jóvenes abogados que se requieren para los análisis de las demandas o asistencia a los jueces en Costa Rica.
Que se canalice además un porcentaje de los recursos que se obtienen como consecuencia del pago oportuno de cuotas, pues hasta hoy existe una especie de descuento al país que da dinero anticipadamente. Alguien propuso que en vez que los fondos se le regresen al país, vayan hacia la Corte. Otros más plantearon la posibilidad de una cuota especial americana jurisdiccional.
Cuestionado respecto a si existe alguna instrucción o mensaje que la Cancillería quiera dejar claro respecto del enjuiciamiento que se ha hecho en el tema de derechos humanos por casos como el de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, aseguró que el gobierno se mantendrá en la apertura a la evaluación del tema. “Algunos analistas consideran que hemos sido sobrediagnosticados porque no existe en el continente, quizá cercano, pero no con la misma frecuencia, otro país que haya sido tan visitado en los últimos años como México por la Corte y la Comisión, hice un recuento de 10 viajes en lo que va del periodo del presidente Enrique Peña Nieto”, explicó.
Aseguró que la instrucción por parte de la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, a cargo del embajador Miguel Ruiz Cabañas, es que México no va a variar en su postura del apoyo, fortalecimiento y presencia en los órganos del Sistema Interamericano.
“Por supuesto que en las sesiones México sostendrá su verdad y punto de vista, pero el hecho de que haya sido tan frecuentemente visitado y en particular en el año pasado, no va a decaer en el ánimo del gobierno y del Estado mexicano para seguir en interacción con los órganos de derechos humanos, existe una profunda convicción de seguir participando”, dijo.
Recordó que como comisionado de la paz en Chiapas y negociador con zapatistas (1998) recibió la instrucción al más alto nivel de que no hubiera intervención de ningún organismo internacional porque el problema sería resuelto entre connacionales. Destaca que ahora es el propio Estado el que pide la colaboración, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que se le ha renovado su estancia por seis meses más.
