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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá durante el primer trimestre de 2016 la controversia constitucional promovida por el Congreso de la Unión para impugnar la promulgación del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que emitió el Ejecutivo federal, informó el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.
Durante la ceremonia de apertura del primer periodo ordinario del pleno del máximo tribunal, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) advirtió que el Poder Judicial de la Federación (PJF), incluyendo a jueces y magistrados federales, continuará trabajando en favor de los derechos humanos, pese a que las cargas laborales son cada días más intensas y numerosas.
Adelantó que el pleno de la Judicatura mantendrá su línea de trabajo para agilizar las resoluciones de los tribunales y juzgados, para lo cual deberá tomar medidas administrativas y materiales que propicien más vigilancia y capacitación para los impartidores de justicia.
“Todos los que integramos el PJF como titulares, personal profesional o de apoyo, no tenemos otro ánimo que el de cumplir con la misión de justicia de la más completa protección y de la progresividad que nos encomienda la nación, a través y en las condiciones de la norma constitucional, por lo que continuaremos en este año 2016 con renovado esfuerzo”, enfatizó.
En torno a los asuntos que el pleno de la Corte verá en los próximos seis meses, Luis María Aguilar detalló que el máximo tribunal del país tendrá que resolver una acción de inconstitucionalidad que impugna las leyes para acreditar el “síndrome de alienación parental”, es decir, la manipulación de uno de los padres a un menor de edad cuando se celebran juicios de carácter familiar vinculados con la guardia y custodia de un infante, afectando la libre capacidad de decisión del menor.
Los ministros de la Corte deberán resolver si esa nueva disposición prevista en las leyes del Distrito Federal se apega a los requisitos que exige la Carta Magna en materia de certeza jurídica, evitando interpretaciones que sean violatorias de los derechos del hombre y del niño.
De igual forma, la Suprema Corte deberá analizará una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición de Espectro Autista, impugnada por ese organismo al argumentar que se trata de una norma discriminatoria.
Con la ausencia de los ministros recién designados, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, el presidente de la Corte adelantó que también se tendrán que resolver cinco amparos que impugnan la constitucionalidad de los límites que se les impusieron a las empresas para deducir las prestaciones que entregan a sus trabajadores.
En este caso, de acuerdo con las listas de notificación del Poder Judicial, existe una propuesta de resolución que proponer decretar la inconstitucionalidad de dicha norma, la cual fue elaborada por el ahora ministro en retiro, Juan Silva Meza, antes de dejar el cargo. Sin embargo, para que el proyecto sea votado, uno de los nuevos magistrados tendrá que retomarlo y hacerlo suyo, puesto que de lo contrario se tendría que elaborar una nueva resolución que proponga la visión de los nuevos jueces.
Advirtió que el pleno seguirá determinando cuándo proceden los incidentes de ejecución de sentencia, con el fin de pronunciarse sobre la separación del cargo de los funcionarios incumplidos y su consignación ante la autoridad ministerial por el delito de desacato judicial.
