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El juez español Santiago Pedraz se convenció de la inocencia del ex gobernador de Coahuila, Humbero Moreira, y decretó su puesta en libertad el viernes, gracias a un documento de la Procuraduría General de la República (PGR) que presentó el defensor, en el que se le exculpa de cualquier vinculación con el cártel de Los Zetas y de haber lavado dinero procedente del narcotráfico.
Esta evidencia, se sumó a su testimonio y el de su abogado, Manuel Ollé, en la Audiencia Nacional de Madrid, y permitió que se decretara su salida de la cárcel madrileña de Soto del Real.
Se trata de un acta fechada el 12 de noviembre de 2014, en la que Ciro Osvaldo Hurtado Mendoza, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Alteración de Moneda, archiva una denuncia anónima realizada por correo electrónico contra el ex gobernador de Coahuila, en la cual se acusa a Moreira de “narcotráfico, alianza y protección a Los Zetas, nepotismo y endeudamiento estatal por 22 años y enriquecimiento ilícito”.
Según la denuncia anónima que figura en el documento, secreto hasta ahora y al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, “Humberto Moreira permitió a Los Zetas el establecimiento de más de 400 tienditas expedendoras de drogas y alcohol en Saltillo y área conurbada, 240 en Piedras Negras, 100 en Acuña y 80 en la región de los Cinco Manantiales”.
En el documento también se le acusa de enriquecimiento ilícito y cita algunas de las supuestas compras que hizo como “un avión Ejecutivo Lear Jeat de 4.5 millones de dólares, la construcción de un complejo turístico de cabañas en Aspen, Colorado; bodegas industriales al norte de Coahuila, ranchos y terrenos en zonas industriales privilegiadas, y una casa en San Antonio, Texas, de 56 millones de dólares”, entre otras cosas que hizo, según la denuncia anónima, “a nombre de diferentes personas como prestanombres, en operaciones de compra hechas entre 2008 y 2010”.
El agente ministerial de la PGR, Hurtado Mendoza, no encontró en la investigación que encabezó indicios que sustentaran la denuncia anónima.
En su informe final el servidor público consideró que no hay pruebas “para acreditar la existencia de un delito” y concluyó que “no existen indicios de que el investigado se encuentre lavando dinero”, por lo que archivó el asunto.
Incluyó los testimonios de dos suboficiales de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, quienes le aseguran que a parte de la investigación que se realizó, Moreira no tiene antecedentes penales, ni tampoco tiene mandamientos ministeriales ni judiciales, “ni se encuentra bajo investigación por autoridades estadounidenses”.
La Fiscalía Anticorrupción española acusaba a Moreira de haber realizado transferencias por valor de 200 mil euros durante varios meses de 2013 a tres cuentas corrientes, en las que figura como titular en bancos españoles, y a través de las cuales podía estar lavando dinero del narcotráfico. Sin embargo, el documento de la PGR unido a la documentación aportada por Ollé justificando la procedencia del dinero —de dos sociedades que Moreira tiene—, llevaron al juez Santiago Pedraz a decretar el viernes su libertad.
La Fiscalía tiene entre tres y cinco días hábiles para apelar la libertad, si no lo hace, el caso sería sobreseído. Moreira, después de quedar libre sin tener que pagar fianza, “está en un hotel en Madrid donde está tranquilo, feliz y agradecido por las muestras de apoyo recibidas”, informaron fuentes cercanas al ex funcionario, quien anunció que seguirá estudiando en España.
