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En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, la Mesa Directiva del Senado de la República se pronunció por fortalecer las acciones tendientes a erradicar el Sida en el país, por lo que realizó diversos exhortos.
El presidente de la Mesa Directiva en turno, Arturo Zamora (PRI), informó que el Senado se suma a la comunidad internacional en el marco de los objetivos de desarrollo sustentable que han asumido el compromiso de erradicar la epidemia para el año 2030.
En México desde 1983 hasta la fecha existen 178 mil 591 casos notificados de sida, y desde el año 2000 se logró disminuir 35% las nuevas infecciones por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) a escala mundial, gracias a las nuevas tecnologías y acceso al tratamiento antirretroviral.
Mediante un acuerdo, la Cámara Alta solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno fortalecer acciones para prevenir la transmisión del VIH-Sida e incrementar los programas combinados de servicios de educación sexual y salud reproductiva.
También exhortó a las autoridades del Sector Salud a hacer más eficientes los procesos de diagnóstico, a erradicar la transmisión del virus de la madre al hijo durante el embarazo y a proporcionar tratamiento antirretroviral a poblaciones clave con alto grado de vulnerabilidad.
El Senado realizó un llamado a la sociedad para generar mecanismos de inclusión y acciones tendientes a eliminar la discriminación y estigmatización de las personas que viven con VIH-Sida, así como promover el respeto de sus derechos humanos.
Por separado, en un videomensaje, el presidente del Senado, Roberto Gil, aseguró que si bien el crecimiento de esta enfermedad en el país ha sido lento, existen grandes pendientes como disminuir los efectos del VIH en las poblaciones de alto riego por medio de diagnósticos tempranos y tratamientos oportunos.
Datos del Sector Salud indican que en lo que va de este año se han diagnosticado 7 mil 274 nuevos casos de VIH-sida en el país.
El senador Gil Zuarth dijo que el gobierno federal está obligado a brindar atención integral de calidad con pleno respeto a los derechos humanos y a la diversidad sexual y cultural.
Iniciativa. Los senadores María Elena Barrera y Jorge Aréchiga Ávila presentaron una iniciativa que expide la Ley General de Protección Contra el VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, cuyo objetivo es fortalecer el marco legal, políticas públicas de salud en la materia y estrategias de prevención y atención.
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria plantea modificar la denominación del Conasida y Censida a fin de especificar la inclusión explícita de las infecciones de transmisión sexual en las atribuciones de ambas instituciones.
Se plantea reunir en un solo ordenamiento las funciones del Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida) y del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida (Censida), que actualmente están dispersas en el Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida.
En la iniciativa se indican las características básicas del Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, que es materia de salubridad general.
Establece los derechos y obligaciones generales de las personas con VIH-Sida, así como del personal de atención en salud y de la población en general en relación con este padecimiento, abarcando los rubros de garantías fundamentales, información, prevención, educación, diagnóstico, atención médica e investigación.
La propuesta de ley establece criterios generales para la inclusión social y no discriminación de las personas que viven con VIH-Sida. En ella se argumenta que México se clasifica como un país con una epidemia de sida estable y concentrada, es decir, la prevalencia de infección por el VIH se ha mantenido en un subgrupo de la población, en mujeres transgénero, con 20%
Hombres que tienen sexo con hombres, con una prevalencia de 18%; hombres trabajadores sexuales, de 18.2%, y personas usuarias de drogas inyectables, con 5.8%, mientras que entre las mujeres embarazadas de zonas urbanas es menor a 1.7%.
“Se observa que en el ámbito legislativo existen oportunidades de mejora para contribuir a atender los retos de coordinación interinstitucional y la continuidad de estrategias”, puntualiza el documento.
Con información de Notimex
