Desde la entrada de Enrique Peña Nieto al poder, la transparencia y el derecho de acceso a la información se encuentran en un sube y baja. Normativamente hemos avanzado y actualmente nos encontramos frente al último escalón de un largo camino legislativo, la aprobación de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Como pasó en el proceso de la reforma constitucional y de la ley general —que finalmente resultaron de vanguardia—, el proceso legislativo en el que nos encontramos muestra que a pesar de la oportunidad de hacer historia y de reconocer los obstáculos y los avances que se han logrado desde 2002, el texto del dictamen de Ley Federal propuesto en el Senado mantiene una serie de preocupaciones que abren una ventana innecesaria a la arbitrariedad y a la judicialización del derecho. (1)
En primer lugar, nos preocupa la ceguera legislativa respecto a la publicidad de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Sin más explicaciones que un “ya ha sido discutido previamente”, el Senado decide no otorgarle al Inai la facultad para determinar el interés público de información relacionada con estos sucesos. Para nuestro órgano legislativo no fue suficiente que un grupo de expertos y organismos internacionales de derechos humanos hablaran sobre la importancia de hacer un escrutinio público de las investigaciones criminales, ni mucho menos la relevancia que ha adquirido la publicación de esta información para la construcción de la verdad en el caso de Ayotzinapa (2), simplemente el tema se convirtió en “cosa juzgada”.
Luego, se le da rienda suelta a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para que siempre que considere que existe una afectación a la seguridad nacional, lo que quiera que signifique, detenga la entrega de la información. Así, sin ninguna certeza, el dictamen olvida detallar sobre el procedimiento, definir “seguridad nacional” para efectos del acceso a la información, advertir la participación de terceros y prever sobre los efectos de la sentencia. (3) El primer recurso de revisión ya ha sido presentado por la Consejería y lo único que es cierto es la falta de claridad (4), basta recordar que, para “el juicio” de muchos, todo lo relacionado con la delincuencia organizada es materia de “seguridad nacional”.
Por último, la puerta que cerró el acceso directo a la Galería 1 del Archivo General de la Nación podría reforzar sus candados con un texto incongruente de la nueva propuesta, pues se considera que para efectos de la divulgación de los datos personales se requiere el consentimiento del titular de los mismos (5), lo que significa, en estricto sentido, que para acceder a un documento histórico sobre las desapariciones ocurridas en el marco de la guerra sucia, tendríamos que pedir el consentimiento del personal de la Dirección Federal de Seguridad que participó en las mismas o, irónicamente, de la persona que sigue desaparecida.
El Senado tiene la oportunidad histórica de abonar a una verdadera democratización de las instituciones y de generar incentivos para participar a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, esperemos que no la pierda.
Integrante de la Red por la Rendición de Cuentas
(1) La sesión de comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para la discusión del dictamen estaba programada para este 5 de noviembre, sin embargo, fue cancelada.
(2) El derecho a la información, pieza clave para la justicia en caso Ayotzinapa
(3) DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; RELATIVO A LAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, artículo 163 del proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
(4) ARTICLE 19, Consejero Jurídico pugna por mantener oculta la información sobre vuelos de Presidencia, disponible en: http://articulo19.org/consejero-juridico-pugna-por-mantener-oculta-la-informacion-sobre-vuelos-de-presidencia/#sthash.VJmzW6lB.dpuf
(5) DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN; Y, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; RELATIVO A LAS INICIATIVAS QUE CONTIENEN PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, artículo 16, segundo párrafo del proyecto de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
