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politica@eluniversal.cóm.mx
La Procuraduría General de la República (PGR), por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), consignó ante un juez federal un expediente para solicitar una orden de aprehensión por presuntos delitos electorales en contra de Arturo Escobar y Vega, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Lo anterior, luego que Escobar y Vega en su calidad de dirigente de partido presuntamente transgredió la ley electoral durante las campañas electorales rumbo al 7 de junio, al repartir tarjetas para descuentos en establecimientos llamadas “Premia Platino” a fin de obtener el voto de los ciudadanos.
Manos limpias. El ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó en entrevista con EL UNIVERSAL que pidió un permiso para separarse de su encargo por tiempo indefinido, con el objeto de hacer frente a las acusaciones y demostrar su inocencia.
Se dijo inocente de cualquier delito. “Tengo las manos limpias... absolutamente”, afirmó el ex senador y ex diputado federal, y uno de los hombres más cercanos al líder del PVEM, Jorge Emilio González.
Aclaró que el Partido Verde Ecologista de México no se hará cargo de su defensa, y él lo hará personalmente.
En una carta difundida por Escobar y Vega en sus redes sociales, confirmó la notificación a la Secretaría de Gobernación para separarse del cargo.
Sobre posibles afectaciones al PVEM, el ex senador dijo que esa ofensiva “se ha mantenido, más que al Verde, contra mí”.
Negó que la denuncia se haya dado como parte de las voces que lo quieren fuera de la Subsecretaría de la Prevención del Delito de la Segob.
Acepta firmas. Escobar confirmó en la entrevista con este diario que él firmó los contratos de las tarjetas Platino como representante legal del PVEM.
—¿Veía venir esta orden?, se le preguntó a Arturo Escobar y Vega.
“No, por supuesto que no, la verdad es que he estado atento a las investigaciones por parte de la autoridad, me sorprendió”, respondió.
Escobar y Vega aclaró que el juez tiene 10 días para girar orden de aprehensión o devolver el expediente. Anoche dijo que aún no había sido notificado oficialmente por autoridad alguna. “Me enteré por ustedes, por los medios”, dijo.
El PVEM externó su respaldo a Escobar tras señalar que “siempre se ha conducido con apego a la ley” y recordó que no existe una orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con la ley electoral, está prohibido que partidos, candidatos o equipos de campaña entreguen cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, por representar un indicio de presión al elector para obtener su voto; en ese sentido, la Fepade también ejerció acción penal en contra de la apoderada legal de la empresa Proyectos Juveniles SA de CV, que surtió las más de 10 mil tarjetas.
La investigación que abrió la Fiscalía de la PGR y consignación del expediente ante un juez para solicitar la orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega deriva de la denuncia que presentaron por separado el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en marzo y abril, respectivamente.
El Partido Verde, por medio de call centers realizó supuestas encuestas para integrar una base de datos, y dicha información fue utilizada para repartir las tarjetas de descuento en las que llevaban la leyenda “Felicidades, muchas gracias por ser Verde”.
Aplaude PAN. El secretario general del PAN, Damián Zepeda, vio positivo que la Fepade haya encontrado las razones suficientes como para solicitar la orden de aprehensión luego de la denuncia de Acción Nacional.
Mencionó que esperan que el juez, —sin ningún tipo de presión política—, haga las valoraciones que correspondan y decida.
Recordó que la denuncia fue presentada el pasado 13 de marzo, en el marco de la contienda electoral del 7 de junio, y agregó que con esta acción queda claro “que el Partido Verde una y otra vez, ha hecho un lado las leyes mexicanas y ha salido avante sin consecuencias severas”.
El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió que se cumpla la ley y que la autoridad no ceda a ningún tipo de chantaje ni presión política”.
“Tienen la oportunidad de demostrar que las cosas cambiaron”.
Con información de Alberto Morales