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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
El Consejo Político Nacional del PRI aprobó abrir sus candidaturas al Congreso de la Unión, a gobernadores, al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y a ciudadanos simpatizantes que tengan prestigio y fama pública y que los estudios los señalen con un nivel superior al de los militantes que aspiren al mismo cargo.
Esta propuesta, avalada por unanimidad, la impulsó la Comisión Política Permanente y aunque no estaba detallada en el orden del día, gracias a ella por primera ocasión el partido tricolor hará efectiva la participación de los ciudadanos en sus candidaturas, a partir del año que viene.
Todas las personas que se inscriban deben manifestar simpatía con los principios ideológicos del instituto.
Plan. De manera paralela, los más de 620 consejeros presentes, entre ellos, los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Campeche, Jalisco, Chihuahua, Hidalgo, Tamaulipas y Sonora, también avalaron el plan para blindar a sus candidatos a puestos de elección popular en las 13 gubernaturas de la infiltración del crimen organizado y del uso de recursos de procedencia ilícita.
El secretario técnico del Consejo Político Nacional, Joaquín Hendricks, anunció que los aspirantes y precandidatos que busquen los cargos de elección popular del tricolor deberán suscribir una carta-compromiso, que permita al instituto investigarlos acerca de su situación patrimonial, fiscal y de entorno social, así como indagar si han sido sujetos de responsabilidades penales o administrativas.
El ex gobernador de Quintana Roo también comentó que todos los aspirantes serán sometidos a pruebas y evaluaciones necesarias para acreditar que no han incurrido en conductas delictivas con recursos de procedencia ilícita o que tuvieran vínculos con la delincuencia organizada y que no son adictos al consumo de sustancias prohibidas por la ley.
Sobre esto, Beltrones Rivera comentó que es pertinente que el tricolor establezca filtros adecuados que protejan al partido y a sus aspirantes de la infiltración de la delincuencia, como una decisión indispensable para generar confianza en la ciudadanía como “el partido de la legalidad, que marca una diferencia cualitativa con otros partidos”.
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