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En 2016 los partidos políticos significarán al erario público al menos 8 mil 500 millones de pesos, 4 mil 31 millones de pesos provenientes de financiamiento federal, y el resto, alrededor de 4 mil 469 millones de pesos, de prerrogativas estatales. Reducir los recursos a los partidos implicará reformas constitucionales para las que ya no hay tiempo, pero impulsarlas desde hoy es inaplazable para que puedan aplicarse en 2017, advierten expertos.
En los últimos días, cada vez son más las voces que piden se reduzca el dinero a los partidos políticos que afecta a los estados y que están por encima de otras necesidades sociales.
La reforma electoral de 2014, que reduciría el costo de la democracia, aumentó su costo en casi mil 500 millones de pesos, sólo por el incremento en el financiamiento público estatal a los partidos políticos.
Antes de los cambios, en las entidades no existía uniformidad para establecer el monto de prerrogativas para los partidos, pero la reforma homologó para todo el país la fórmula aplicable a nivel federal.
Esta consiste en multiplicar el número de ciudadanos del padrón electoral —federal o de la entidad, según el caso— por 65% del salario mínimo vigente en la región.
Así se dispararon los recursos para los partidos en este 2015, pero con cargo a las haciendas estatales, lo que se agravó en el caso de las 17 que tuvieron elecciones locales.
Según Integralia Consultores, que dirige el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde, este aumento de financiamiento estatal para partidos fue de 52.2% con relación a las cifras de 2012, equivalente a 4 mil 517 millones de pesos.
Para 2016, aunque será el segundo año en que en los estados se aplicará la fórmula federal, la suma podría ser mayor, si se considera que habrá 13 elecciones, 12 de ellas para elegir gobernador y en las que los partidos recibirán financiamiento de campaña, explica Jorge Alcocer, economista y director de la revista Voz y Voto. Además se suma Colima, porque debió repetirse la de este año tras ser anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la intervención ilegal del gobierno estatal.
Experto electoral y quien en esa calidad ha participado en seis generaciones de reformas, Alcocer expone, empero, que aunque resulta deseable una revisión integral a todo el sistema de financiamiento partidario, esto debe darse “sin demagogia, porque se ha convertido a los partidos en la bestia negra”.
La seriedad de la discusión implica, dice, reconocer que el incremento en el financiamiento de los partidos será imparable sin cambios a la Constitución y a la Ley de Partidos Políticos, y que deben analizarse otros elementos como los montos permitidos al financiamiento público, la fiscalización efectiva a los recursos que se emplean en campañas y la transparencia en los partidos.
“Discutámoslo, pero no hagamos de los partidos la bestia negra porque más se dilapida en cosas menos importantes como la propaganda gubernamental”, estima.
Caso sintomático
Los expertos coinciden en que el disparador del monto de prerrogativas estatales a partidos fue la reforma electoral de 2014, al empatarse las fórmulas locales con la federal.
El cómo fue posible ese incremento y sus implicaciones locales se refleja en un botón de muestra: Veracruz.
Antes de la reforma, en ese estado se asignaba financiamiento para los partidos con una fórmula que consideraba una quinta parte, es decir, 20 % del salario vigente en la región, multiplicado por el padrón estatal.
Al aplicar, por ley, el nuevo mecanismo para fijar financiamiento local a los partidos en el estado, ahora se multiplica 65% del salario mínimo vigente, por el padrón.
El incremento se refleja en años electorales comparables, como lo son 2010 y lo que será 2016, ambos con elecciones para gobernador, ayuntamientos y Congreso local.
En 2010 el financiamiento total —ordinario, actividades específicas y de campaña— para todos los partidos fue de 101.6 millones de pesos.
Para 2016 se solicitaron en total 405.2 millones de pesos para los partidos, 300% más que hace seis años.
El factor del padrón electoral no varió mucho entre esos años —2010 a 2016—, pues apenas creció casi 300 mil veracruzanos, de 5.3 millones de electores a 5.6 millones, apenas 5.6% de aumento.
El impacto comenzó este 2015 en que, aunque no haya habido elección local, los partidos gozaron de 257 millones 764 mil pesos, 156% más que en 2010, en que se renovaron poderes del estado.
“Gol financiero”
Para la politóloga y coordinadora del área de derecho electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, María Marván Laborde, los montos que se dedican a los partidos ya son insostenibles frente a las necesidades del país.
No obstante, en la discusión debe quedar claro, a su juicio, que no tiene que cambiar el criterio de que la principal fuente de financiamiento de los partidos debe ser pública, y minoritariamente privada.
Establecido esto, señaló, “podríamos cambiar la lógica y la fórmula” para determinar el monto de recursos a asignar a los partidos.
El porcentaje de salario que se tome en cuenta es revisable, pero habría que desvincularlo del número de empadronados, debiera multiplicarse en todo caso por el número de votos válidos de una elección, así “el voto nulo sí significaría un castigo para los partidos y el abstencionismo también, por lo que tendrían que trabajar por alentar la participación en las urnas”.
Eso, en automático, reduciría el dinero de los partidos en 50%, si se considera, recordó, que los votos válidos en la elección federal de junio fueron de 49% del padrón, “así que ese solo ejercicio rebajaría el financiamiento a la mitad.
“Lo otro que convendría replantear es el gol que le metieron a las finanzas de los estados, al decretar un aumento de casi mil 500 millones de pesos, sin claridad de dónde los iban a sacar, y hoy hay estados que no tienen recursos para sufragarlos”, aseveró Laborde.
Reducir también tiene riesgos
El investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte (Cisan) de la UNAM y analista político Leonardo Curzio, así como el profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Rodrigo Salazar Elena, apuntaron además que si bien la reducción de dinero para los partidos es deseable, también implica riesgos.
Recortarles “es una demanda muy sentida de la sociedad, pero lo que me preocupa es que haya una diferencia tan enorme entre el dinero que reciben y el costo general de las campañas, que, como lo han acreditado los estudiosos, reciben recursos por fuera de lo fiscalizado de hasta 60 o 70% más, y ese fenómeno podría aumentar.
“Se gasta mucho dinero público y creo que debería reducirse drásticamente en años no electorales, pero se requiere una reflexión de cuánto está costando y quiénes están interviniendo a través de dinero oculto, intereses económicos, políticos y probablemente también criminales”, sostuvo.
Salazar Elena agregó además el factor del recurso público no permitido.
Las prerrogativas para los partidos políticos en México son un exceso, “ha llegado la hora en que la sociedad se pregunte por qué, mientras el gasto en políticas públicas y programas sociales se recorta, lo único que aumenta son los recursos para mantener a esa élite privilegiada”.
Hace falta, dijo, un proceso serio de análisis de los mecanismos para disminuir los recursos a los partidos, alejado de la estridencia o de “sólo decir disminuyamos a la mitad y ya.
“El problema es que al acotar el financiamiento público acudirían a otras fuentes que hoy ya usan, aunque en menor medida, y una de ellas es el erario, los recursos de los gobiernos; la otra son recursos de origen dudoso”, advirtió.
Por eso considera que lo urgente es reforzar mecanismos de fiscalización real para cerrar los resquicios de entradas de dinero no permitido, no necesariamente de origen ilícito, como es el caso del dinero de empresas y gobiernos.
O ya hallarán los partidos resquicios para darle la vuelta a la ley, “a eso se han dedicado partidos como el PRI y el PVEM, que se han hecho asesorar de brillantes y bribones”.
