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juan.arvizu@eluniversal.com.mx
Como “un golpe bajo del Congreso a los ejidatarios y comuneros” calificó el senador Alejandro Encinas Rodríguez las nuevas disposiciones para la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se impondrá a las contraprestaciones derivadas de la reforma energética y que recibirá el sector social rural.
“Los campesinos nunca han pagado impuestos, como una disposición basada en el artículo 27 constitucional, y de ahora en adelante, lo que aprobaron las cámaras de Diputados y Senadores comprende el pago de ISR en ocupación temporal, servidumbre de paso, asociaciones con particulares, contratos o arrendamientos, particularmente en materia de hidrocarburos”, señaló.
En la Ley del Impuesto Sobre la Renta se agregó que ejidos y comunidades no pagarán tributo por ingresos hasta por 200 veces el salario mínimo general elevado al año, obtenido de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.
De esta manera, los ingresos de actividades derivadas de la reforma energética causarán ISR, expuso Encinas Rodríguez, y calificó esa decisión como inconstitucional.
La eventual aplicación del ISR a ejidatarios y comuneros, sin antecedente en la historia pos revolucionaria, viola la naturaleza de la propiedad social, comentó el legislador.
Dijo que va en contra del artículo 27 constitucional, que establece la inalienabilidad y la inembargabilidad de las tierras, y previno que la aplicación del ISR podría ser causa de futuros conflictos con campesinos.
“Ya quisiera yo ver a la comunidad lacandona pagando el Impuesto Sobre la Renta de aprovechamiento de energía en la Selva Lacandona, o a la comunidad chamula, en el caso de Chiapas, o a los indígenas yaquis, lo cual va a generar conflictos sociales muy superiores a los que se pretenden resolver”, subrayó.
Asimismo, comentó que el pago de tributo va en contra del reconocimiento constitucional que se otorgan a los pueblos y comunidades indígenas a la libre autodeterminación y a su autonomía para decidir sobre sus formas de convivencia, de organización social, su organización económica, política y cultural.
“Hubiera sido más significativo hacer una revisión a fondo del pago de derechos de la legislación en materia minera, con la que nuestro país se enfrenta en estos momentos al mayor saqueo de recursos naturales de nuestra historia”, señaló.
Agregó que en la primera década de este siglo, corporativos mineros han extraído el doble del oro y la mitad de la plata extraída en la Colonia, sin cobro de derechos equitativos.
