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El académico de la UNAM y experto en temas de transparencia, Jorge Islas López, consideró que la nueva facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), como segunda instancia de revisión y de atracción de casos resueltos por los órganos locales, representa una medida innovadora que dará certeza jurídica a los ciudadanos.
Al participar en la Semana Nacional de Transparencia, organizada por el Inai en la antigua casona de Xicoténcatl, Islas López dijo que contrario a lo que muchas voces afirman de que este mecanismo vulnera a los órganos garantes locales, éstos fortalecerán su autonomía.
“Este nuevo diseño en la facultad de atracción genera un incentivo, a fin de que los órganos garantes tengan la mayor seguridad de que podrán resolver con autonomía, en el ámbito de su competencia, el recurso o la impugnación que se haya presentado y que solamente en caso excepcional el Inai conocerá de esos asuntos”.
Islas, integrante del Grupo Oaxaca, precursor de las leyes de transparencia en México, recordó que antes de la reforma constitucional muchos de los órganos de transparencia locales no contaban con autonomía, pero, sobre todo, tenían debilidades institucionales que afectaban el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
“El incentivo está dado para que la facultad de atracción opere como una excepción, por su interés y relevancia. Eso puede generar una nueva forma de interpretar los alcances de un tema que no haya resuelto el Inai”, indicó.
El comisionado del Inai Oscar Guerra Ford dijo que la definición de esos criterios será uno de los retos en los que el instituto y los órganos garantes locales tendrán que trabajar en los próximos meses.
Expresó que el objetivo es mejorar las funciones de todos los órganos garantes de transparencia, por medio de adoptar los mejores criterios para resolver los recursos de revisión que presenten los ciudadanos.
El comisionado recordó que en 2014 se registraron 14 mil 500 recursos de revisión en las 32 entidades y que el índice de recurrencia es de 3.6% por cada 100 solicitudes de información, aunque una vez que entre en vigor la ley, esto puede incrementarse por la relevancia que toma el tema y por el aumento de 264 a 800 nuevos sujetos obligados.
“El objetivo es que no haya discrecionalidad a la hora de resolver o a la hora de atraer”, comentó Guerra Ford.
Resistencia de bancadas. Ayer, en la mesa de Transparencia Legislativa, el senador Javier Corral Jurado (PAN) acusó que el Congreso se “maneja con dinero”, que existen resistencias de las bancadas para abrir la información de los recursos que maneja en esos órganos que, incluso, es desconocida para los propios legisladores.
“Transparentar los recursos del Congreso es desfondar el modus operandi de cómo se procesan muchas reformas o cómo se detienen. Hay reformas que pueden salir en 24 horas o tardar años en ver la luz”, enfatizó el senador.
Corral Jurado criticó además que en los órganos de dirección de las cámaras se manejan en la opacidad, como la Junta de Coordinación Política del Senado, donde las decisiones se toman en privado porque “dicen” que si lo hacen en público “no lograrían” llegar a acuerdo alguno. “Cuidado con el que no puede sostener en la plaza pública un argumento”, advirtió.
