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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidió al Congreso de la Unión legislar y establecer un nuevo régimen de sanciones que incluya la cancelación temporal del registro de un partido político si incurre en violaciones graves y reiteradas a la ley.
El presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, expuso: “Creo que tenemos que reflexionar si en este catálogo de sanciones podríamos considerar la cancelación temporal del registro a los institutos políticos de frente a los procesos electorales por la transgresión a los principios constitucionales y dejar de privilegiar un esquema de punición económica”.
Al participar en el Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también en el conversatorio sobre Experiencias y Reflexiones del Proceso Electoral 2014-2015 realizado en el Senado, el magistrado explicó que hoy se privilegian las sanciones económicas.
Detalló que actualmente el catálogo de sanciones incluye amonestaciones, multas, reducción de ministraciones, así como la interrupción de la prerrogativa de los partidos en propaganda política en radio y televisión. Después se pasa hasta la cancelación de registro de los partidos, por lo que se plantea una nueva e intermedia modalidad de castigo. Pero en aras de que los castigos sean disuasivos, tendría que reflexionarse sobre la conveniencia de una nueva modalidad que consista en la pérdida temporal del registro como partido, lo que evitaría que éste participara en una elección siguiente, expuso.
Se trata de “ponernos en un punto de equilibrio, lo digo como juez, no pasar de las multas a la sanción de cancelación del registro. Esto con el fin de encontrar soluciones intermedias que puedan hacer eficaz nuestro sistema de multas”.
Sobre el esquema de sanciones, el magistrado del TEPJF, Pedro Esteban Penagos, pidió revisar la conveniencia de que las sanciones no sean sólo a los partidos, sino a los personajes políticos, para desalentar las violaciones a la ley.
En su intervención, tanto en la UNAM como en el Senado, el magistrado Carrasco y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se pronunciaron porque se revise el esquema de los Procedimientos Especiales Electorales, mismos que inician por quejas en materia de propaganda en medio de un proceso electoral.
Estos procesos son admitidos e investigados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, misma que en su caso emite medidas cautelares, pero sus decisiones son revisadas por la Sala Regional Especializada del TEPJF y en su caso confirmadas por la Sala Superior.
El magistrado consideró que debería redefinirse el esquema de los Procedimientos, pues para que exista el debido proceso, y asegurar independencia e imparcialidad, quien los recibe e investiga debe tener garantías de permanencia en el cargo y acceder a éste debe ser mediante un esquema de concursos de oposición para su ingreso, lo que no ocurre con quienes integran la Unidad Técnica del INE.
La participación del instituto en estos procesos representa un desgaste, consideró por su parte Córdova. “Es como si le pidiéramos a un juez en el juicio de amparo que resolviera la suspensión, y a otro que resolviera el fondo, lo cual es impensable”.
Córdova también planteó que llegó el momento de revisar la espotización que satura a la sociedad y propuso liberar de spots las campañas, tal vez con reducción de los tiempos del Estado que se destinan a los procesos electorales. “Ojo, no de los tiempos del Estado, pero sí de lo que se destina a las campañas para propiciar más debate y análisis”, aclaró.
