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Aunque suene “políticamente incorrecto”, la construcción de la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE) va, pues es necesaria, sostiene el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.
EL UNIVERSAL publicó el pasado lunes 12 de octubre el proyecto del INE para reconstruir edificios en su sede, para lo cual se prevé un gasto de mil 100 millones de pesos.
“Muchas veces lo más racional no necesariamente es lo políticamente correcto, y nosotros no estamos para actuar de manera políticamente correcta, sino de manera racional y de la manera que más convenga a la sociedad, por lo que la obra sigue en pie”, asegura.
El aval lo dio la Cámara de Diputados al entregar en este 2015 una primera parte de los recursos necesarios, y el plan fue aprobado por el Consejo General del INE, así que sólo resta que los legisladores definan si se concluye todo en una o varias etapas, expone.
En entrevista con EL UNIVERSAL, en el ojo del huracán por impulsar una nueva sede para el INE, frente al escenario de crisis económica y recortes presupuestales, el consejero presidente reconoce que también existe una crisis de confianza hacia el instituto.
“Pero es una decisión racional. Además, la desconfianza la padecen también gobierno y partidos, por lo que toca explicar, frente a las distorsiones, que sí vendrán ahorros a la larga”.
Córdova Vianello asegura que no llega debilitado a la antesala de 2018 pese a esas críticas, las que acusan apatía para controlar a los presidenciables o cuestionan aún su papel, tras la difusión, en mayo, de una intervención telefónica en la que bromea sobre un interlocutor indígena.
Pero pide no “patear al árbitro” y que desde ahora el Congreso clarifique reglas de la competencia electoral en rubros que no ha legislado desde 2007.
“Es injusto e irresponsable culpar al INE en temas como el de propaganda gubernamental, quizá el más recurrente en las quejas electorales y en el que el Legislativo está en falta desde hace ocho años”, explica.
Un beneficio a la larga...
El INE dice que busca ahorrar con su nueva sede. ¿Es necesario en este momento en que se habla de austeridad y se prevén recortes?
—El INE busca la racionalidad en el uso de los recursos y si no comenzamos ahora no vamos a poder sino hasta 2019, pasada la elección presidencial de 2018.
Entonces, por donde se le vea, aunque suene políticamente incorrecto, es un área de oportunidad que no podemos dejar pasar al comenzar a construir el próximo año.
El dinero lo tenemos. La necesidad es imperiosa, porque si no, vamos a estar año con año gastando 80 millones de pesos que van a fondo perdido en rentas.
Necesidad existe. Racionalidad la tiene, es una amortización de la inversión en 12 años. Pertinencia en términos de oportunidad también, porque en 2019 lo más probable es que ese dinero se deprecie.
La Cámara de Diputados dirá si es pertinente asignar más recursos, posponerlos, entregar sólo parte y marcar los ritmos, pero con lo que se tiene se terminará una obra utilizable.
¿Es una decisión tomada iniciar con estos 719 millones de pesos [de los cuales quedan 633 millones]?
— Es una decisión que ya tomó el instituto al incluirla en el proyecto de presupuesto.
Ya la avaló la Cámara de Diputados, a la que se informó que en total serían mil 400 millones de pesos, por eso entregó una parte.
Ya se está ejerciendo, pues financió el Concurso Nacional de ideas para el diseño del proyecto. Ahora que hay un ganador sigue el Proyecto Ejecutivo y estaremos listos para una licitación transparente.
Según sus argumentos, sería más costoso esperarse…
—Absolutamente. Austeridad no quiere decir dejar de gastar, eso es algo que está mal entendido, quiere decir gastar con contención y con racionalidad que es lo que proponemos.
Suena políticamente incorrecto...
— Sí, pero muchas veces lo más racional no necesariamente es lo políticamente correcto y nosotros no estamos para actuar de manera políticamente correcta, sino de manera racional y de la manera que más convenga a la sociedad mexicana.
Una institución digna, no lujosa
¿En el INE cabrían ahorros? Parece que la burocracia electoral es muy costosa, tienen seguro de gastos médicos, viáticos, prestaciones, autos, viven lujosamente. ¿Es así? ¿O le pedirían al legislador que ajuste sus salarios?
—Las oficinas son dignas, no lujosas. Lo de los altos sueldos de los funcionarios es un tema a debate. En los últimos 10 años los sueldos de los mandos directivos del IFE, ahora INE, han disminuido 30% en términos reales, pero esto tiene que ser parte de un gran debate sobre los sueldos de la alta burocracia del Estado mexicano.
Los sueldos del INE no son de los más altos, sí forman parte de la franja de mayores percepciones, pero ese no es un problema del INE, sino que tiene que ver con una discusión que tenemos que dar todos.
El presupuesto del INE atiende al llamado de austeridad que ha hecho el gobierno federal, y hay una disminución de 20% respecto al presupuesto de 2015.
Es cierto, no hay elecciones federales, pero sí 13 locales y nos corresponde a nosotros —no a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL)— la parte más cara de esos procesos, que es el trabajo de campo, capacitación y visita a los funcionarios de casilla, la determinación de dónde se instalan y su integración.
El INE ha hecho un esfuerzo de racionalidad y los diputados tendrán la última palabra.
¿Cabría un ajuste entonces del presupuesto de los OPL, puesto que la capacitación la hará el INE?
—Todas las reformas de ajuste y corrección son bienvenidas. No tiene sentido que a los OPL el próximo año se le dé dinero para capacitación cuando ésta es una función que hará el INE con un gasto de mil 400 millones de pesos.
El Latinobarómetro reportó que los ciudadanos no confían en los políticos ni en el gobierno, lo que ya sabíamos, y ahora parece que tampoco en la autoridad electoral, pese al gasto en comicios y el avance democrático.
— Sí, es una gran paradoja.
¿Llega entonces el INE más debilitado a la puerta de 2018? ¿Con qué credibilidad o asidero social llega si existen estos debates de gastos onerosos?
— El Latinobarómetro coincide con lo que arrojó también el Informe-País sobre el estado de la ciudadanía en México que hizo el IFE: los mexicanos no confían en los políticos, en las instituciones ni en los legisladores.
Pero el Informe-País agrega que la mayoría tampoco confía en los demás, fuera de su círculo familiar, por lo que no es sólo hacia la política.
Esta crisis de confianza también involucra a la autoridad electoral y no es para echar campanas al vuelo, pero de todas las instituciones, ésta es una en la que la gente cree más.
No hay que sentirnos satisfechos pero hay que ir reconstruyendo esa confianza inoculando los gérmenes de la misma, intentando explicar frente a la distorsión, por ejemplo, qué temas sobre el edificio o el presupuesto se están planteando en el discurso público.
Como decía un antecesor mío: el proceso de construcción de confianza es lento, gradual, trabajoso. Los avances se miden micra a micra, mientras que en el proceso contrario se dan de golpe y se miden en kilómetros.
Pero es imposible pensar en que haya confianza en la autoridad electoral si no la hay en los partidos. Y, sin que éstos sean los únicos, sí son corresponsables del crecimiento de la crisis de confianza hacia al sistema electoral.
Todos tenemos que asumirlo porque a nadie le conviene llegar a elecciones que pintan sumamente complejas como las de 2018, sin tratar de revertir la desconfianza.
Sin debilidad rumbo a 2018
Precisamente esta desconfianza, este debate presupuestal, e incluso la situación de la llamada ilegalidad de su conversación privada, ¿no lo hace a usted llegar debilitado a 2018?
—De ninguna manera, al contrario. Lo digo así: si eso fue lo que me pudieron encontrar, entonces creo que debo estar tranquilo de que hay buenas cuentas.
Además, las instituciones son mucho más que quien las encabeza y el balance de lo hecho por el INE y de la elección en su conjunto es altamente positivo, pese a los riesgos a los que estuvo sometida como nunca antes en la historia del país por una intención declarada de impedir las elecciones en algunas zonas del país.
Hubo, a pesar de actos claramente ilegales como el que planteas, pero es uno de una retahíla, un largo rosario de intereses que estaban claramente enfocados a minar la credibilidad de la autoridad electoral y consecuentemente a poner en riesgo la elección.
A pesar de todo, los comicios se pudieron hacer en todo el país, se realizó de manera pacífica, salvo en casos aislados de algún candidato o precandidato que fue víctima de la delincuencia, no hubo funcionario electoral gravemente afectado, salvo en ciertos casos.
La elección se realizó en paz, los poderes públicos se renovaron, la pluralidad se refrendó, la alternancia quedó como paisaje ordinario, la figura de las candidaturas independientes mostró su viabilidad pese a lo que falta por regular.
La participación ciudadana aumentó: pasamos de 42% en 2003 a 44% en 2009 y 48%, a pesar del contexto, en 2015.
El voto nulo disminuyó, pasamos de 4.9% a 4.5%, es decir, la elección, si atendemos a las cifras duras, fue un éxito a pesar de que fueron los contextos más adversos y la autoridad electoral estuvo bajo fuego de intereses que apostaron a que no se llevara a cabo o que la autoridad electoral fracasara.
Ahora, ¿cómo controlará el INE fiscalización, resolución de quejas hacia 2018 con candidatos adelantados como Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, o El Bronco?
— Hay que tener cuidado de cómo tratamos estos temas, porque hay ambigüedad legislativa.
Si como INE, encargados de instrumentar estas normas, estas prohibiciones, lo hacemos de manera indiscriminada, corremos el riesgo de asfixiar a la política y creo que tampoco debemos de caer en la tentación de impedir a los políticos que hagan política.
El INE no es garante de la equidad de la política, sino de la equidad de los procesos electorales. Si llevamos al absurdo este mandato podríamos llegar a plantearnos que los políticos no deben hablar.
Hay que andarnos con mucho cuidado, creo que el INE no debe de experimentar, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han fijado criterios muy claros: la posibilidad de que se cometan actos anticipados de precampaña inicia con el proceso electoral.
Antes, lo que hay es política, ese es el criterio. Puede cambiar, pero esas reglas las tienen que pactar los partidos en el Congreso. Mal haría el INE si se pone a autorregular, ya que no le corresponde.
Patear al árbitro
¿Los partidos que dicen que el INE no pone un hasta aquí a López Obrador —en gastos, activismo— deberían regular el periodo previo al proceso?
—En el caso de la fiscalización se hace siempre. Pero la responsabilidad de elecciones exitosas es colectiva e implica a los actores y partidos ceñirse a las reglas y actuar de manera responsable.
A los legisladores les toca traducir los pactos políticos en reglas y si no ponen las reglas no sólo me parece injusto, sino irresponsable achacar de un eventual precario o no adecuado funcionamiento del sistema democrático, a la autoridad electoral.
Significa patear al árbitro y no asumir que también hay una responsabilidad de los propios legisladores y que es la inicial: poner la regla.
Las quejas sobre el INE son legítimas, pero el INE no es el que omitió, por ejemplo, regular la propaganda gubernamental desde que se establecieron prohibiciones en la Constitución, en 2007.
Achacan al INE no aplicarla adecuadamente, pero llevamos ocho años de grave omisión legislativa, pues no hay reglamentación, aunque en 2013 se fijó plazo de un año.
Esto afecta el funcionamiento de la autoridad electoral, nos crea problemas que resolvemos con interpretaciones del INE y del TEPJF.
¿Eso es culpa del INE? No, al INE que se le responsabilice de las decisiones que toma, pero la construcción de un sistema electoral más fuerte es corresponsabilidad de todos y aquí me parece que lo más cómodo es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Por eso digo que revertir la confianza es responsabilidad de todos los actores: INE, TEPJF, partidos, legisladores, Congreso, medios y ciudadanía.
