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Un juzgado federal en México favoreció en primera instancia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) al dejar sin efecto la solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE) de embargo de sus prerrogativas para pagar una supuesta deuda millonaria contraída en 2004 con el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz. Los abogados del ex dueño de Grupo Quart todavía pueden apelar la decisión ante un tribunal unitario.
El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal consideró que el procedimiento para solicitar el embargo del financiamiento público del PRD fue irregular, ya que al tratarse de un juicio internacional debió incluir primero observaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La resolución del juez federal “ordena remitir la carta rogatoria (solicitud) a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a efecto de que en uso de sus atribuciones lleve a cabo el análisis de dicha solicitud y derivado de ello estime lo procedente”.
Con esta resolución al amparo promovido por el PRD se deja sin efecto la diligencia del 9 de septiembre de 2014 atribuida al actuario judicial del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil, órgano jurisdiccional que atendió de origen la petición de un juez argentino con la cual se solicitó formalmente al INE el embargo del financiamiento público que recibe el PRD.
En caso de que la SRE emita una opinión negativa, el juez de Chamical, Argentina, tendrá que emplazar nuevamente o iniciar el juicio otra vez con una carta que llegue primero a la Cancillería mexicana y luego pase a los juzgadores federales del país y así respetar la legalidad del procedimiento.
El próximo 14 de octubre Carlos Ahumada Kurtz tendrá que comparecer desde Argentina ante el Ministerio Público Federal de México para responder a las demandas de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y del PRD —acumuladas— por los delitos de fraude y extorsión.
Además, la defensa del PRD presentó un escrito ante un juzgado argentino a fin de que comparezcan los hijos del empresario Carlos Ahumada —beneficiarios del pago de la supuesta deuda a través de un fideicomiso— para que éstos respondan si conocen o no que la exigencia del pago es una extorsión y así deslindarlos de responsabilidades.
En su edición impresa del 7 de septiembre de 2015, EL UNIVERSAL adelantó que como parte de la estrategia legal el PRD promoverá en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja en contra de la entonces titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil y hoy magistrada Edith Alarcón, quien dio trámite al exhorto del juez argentino con medidas coercitivas (embargo de prerrogativas) sin dar aviso previamente a la Cancillería mexicana.
