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Para 2016, primer año con su registro asegurado como partido político, a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) le asignaron recursos por 406.7 millones de pesos para su organización política y participación electoral, el triple de lo que ejerce en el año en curso.
Pero el uso de ese dinero público deberá ser exclusivamente para su organización política y participación electoral, y no para programas sociales, pues eso colocaría a Morena en un escenario de ilegalidad en el uso de las prerrogativas, sujeto a sanción, advierten expertos electorales.
El Consejo Nacional de Morena aprobó en junio que en 2016 destine 100 millones de pesos “la mitad” de sus prerrogativas a financiar “la causa de la educación media superior y superior”, según el presidente del Consejo, Andrés Manuel López Obrador, para que no haya estudiantes rechazados por el sistema escolar.
Marti Batres, líder nacional de Morena, informó en entrevista que una comisión de su partido analiza la modalidad en que se entregará ese apoyo económico a la educación, pero solamente si hay vías legales y hasta precedentes que lo hagan posible.
Andrés Manuel López Obrador, dijo, ya pagó antes con prerrogativas del PRD libros de texto de secundaria en los años 90, cuando fue presidente perredista.
“Eso lo hizo con prerrogativas electorales del PRD, y además se destinaron recursos a las viudas de todos los perredistas asesinados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y también para apoyo a migrantes, de manera que en aquella ocasión el recurso sí pudo tener un destino social”, señaló.
Ahora, indicó, será una comisión la que informe exactamente el monto y cómo se destinará.
Consultados al respecto, María del Pilar Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJJ) de la UNAM, y Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), alertaron que, según las reglas de la fiscalización de los partidos, destinar dinero público a ese tipo de tareas, así sean loables, está fuera de la ley.
De acuerdo con el reglamento del INE sobre Fiscalización, la falta sería “uso de recursos para fines ajenos al objeto partidista” y es sujeto de sanción, por lo que “mal haría un partido en destinar parte de recursos a lo que no está dentro de la ley y colocarse por fuera de ella”, dijo Hernández.
En estos momentos en que se discute cómo se deben ejercer los recursos, señaló, lo primero es sujetarse a las reglas, pues “no pueden hacer a título de donación entrega de lo que legal y constitucionalmente está destinado para financiar al partido”.
Por su parte, Aparicio señaló que, en ocasiones, con lenguaje demagógico los partidos pretenden aparentar un fin social.
“Actualmente, no es posible siquiera reembolsar los recursos asignados. Si Morena no los llegara a ejercer se quedarían como ahorro, pero aun así tiene un fin: dotar de capacidad a los partidos para tener estructura y hacer trabajo de base, lo que a fin de cuentas pretende fortalecer al sistema de partidos y la democracia”, señaló el especialista.
