alberto.morales@eluniversal.com.mx
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina, se prepara para hacer público el origen y destino de los recursos que recibe del gobierno federal conforme a las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia.
Para ello, el SNTE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) suscribirán el miércoles un convenio de colaboración que tiene como objetivo sentar las bases sobre las acciones de transparencia, protección de datos y capacitación de los miembros del magisterio nacional.
Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Inai, explicó que este convenio es un precedente muy importante porque se logra tras meses de acercamientos con el magisterio nacional y que se formalizará antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia.
“Esperamos que este sea un gran aliciente para las demás organizaciones. Ahora los sindicatos, en la parte que corresponde a recibir recursos, van a tener que rendir cuentas, no así de los recursos privados, sino de todo dinero público que llegue a sus finanzas”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Puente de la Mora aseguró que todavía están a la espera de que en la discusión de la Ley Federal —que se analiza en el Senado— el Legislativo defina si los sindicatos serán sujetos directos o indirectos de la nueva norma.
“Si el Legislativo define que los sindicatos sean sujetos directos, las organizaciones tendrán que contar con una unidad de enlace y resolver sus solicitudes de información, pero si decide que sean indirectos, entonces la entidad que les dio los recursos será la encargada de informar sobre los montos y el seguimiento de las solicitudes de información. Hay que esperar la definición del Legislativo”.
Casi lista versión sobre los 43
En otro tema, Puente de la Mora adelantó que el Inai tiene un avance de 98% en la elaboración de la versión pública de la averiguación previa de la investigación que la PGR realizó sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Destacó que se trata de 85 tomos y 13 anexos, en total 52 mil hojas que fueron revisadas para proteger la información confidencial de víctimas, testigos e inculpados, garantizando el derecho a la privacidad y la protección de datos personales.
“Esto sólo se pudo lograr gracias a la sensibilidad de la procuradora Arely Gómez, y en próximos días el Inai abrirá por primera vez una averiguación previa de un tema muy sensible para la sociedad mexicana”.
Explicó que hasta el momento sólo Chihuahua, Coahuila y Jalisco han homologado su legislación con la Ley General de Transparencia, pero que se trabaja con las entidades para que completen este proceso.
En la discusión de la Ley Federal, ¿qué temas son relevantes para el Instituto?
—Estamos a la espera de tener el dictamen final sobre aspectos muy puntuales que tiene que ver con el desarrollo de conceptos, de obligaciones financieras, de competencia económica y obligaciones relacionadas con la seguridad nacional.
Para el Inai uno de los puntos muy importantes que mostramos —ante senadores— es el caso de que no se podrá invocar una reserva de información cuando se traten de investigaciones que versen sobre violaciones graves de los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y de actos de corrupción.
¿El Inai solicitó al Senado ser la primera instancia para determinar si hay casos de violaciones graves a los derechos humanos y abrir la información, qué les dijo el Legislativo?
—La Ley General, en el artículo 115, es muy clara, no podrá invocarse la reserva cuando se trate de violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o de actos de corrupción, estamos muy interesados en saber cómo el Legislativo lo va a desarrollar para definir estas facultades que son muy específicas, muy importantes, que nos tocan resolver sobre casos altamente sensibles para la sociedad.
En los temas fiscales, ustedes proponen que se den a conocer los créditos condonados con los nombres de los beneficiados, ¿eso cerraría el paso a problemas con el SAT que se ha negado a entregarlos?
—Esa es una inquietud institucional, porque en la ley queda enunciado de manera general que se darán a conocer estos montos, pero no de manera asociada con los nombres. Esa es una cuestión institucional que estamos buscando para que haya progresividad en ese derecho y esperamos a conocer cuál es la visión del Legislativo.
Usted ha mencionado que tenemos una buena Ley de Transparencia, pero ¿les preocupa o les ocupa el proceso de reglamentación?
—Estamos ocupados, me parece un gran ejercicio que el Senado de la República haya abierto sus puertas en la configuración de la ley, con estas audiencias públicas, pero sí queremos resaltar que para operar el gran Sistema Nacional de Transparencia falta la construcción de la nueva Ley Federal de Transparencia, y la homologación a la ley que hagan cada uno de los estados con la Ley General, este es un reto muy importante.
¿Cuántos Estados han homologado sus leyes con la Ley General?
—Hasta ahora tres estados de la República han tenido ese proceso, Chihuahua, Jalisco y Coahuila, pero estamos trabajando por medio del proyecto denominado Gira con la Transparencia, con el Senado y con los estados de Yucatán, Morelos y Estado de México, para que haya compromisos con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar esa adecuación de la ley antes de mayo de 2016.
¿Qué otras leyes hacen falta?
—Dos leyes muy importantes, la Ley General de Datos Personales en Poder de los Sujetos Obligados y la Ley General de Archivos. Todo el Sistema Nacional de Transparencia comprende esas tres vertientes: transparencia, datos personales y archivos, y la homologación de las leyes en los estados.
¿Hay tiempo para que logre este objetivo planteado?
—Nosotros confiamos en que sí, es una tarea que hemos emprendido no sólo en la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, sino en todo el pleno, para atender las necesidades e inquietudes de los estados, acompañando a los estados, nosotros queremos un Inai cercano a la gente, que no vean un funcionamiento diferente entre el órgano nacional y los órganos de los estados, siendo sensibles a las realidades de las entidades federativas.
Pasaron de 264 a más de 800 sujetos obligados, ¿su presupuesto creció en esa proporción?
—No, no creció, pero estamos comprometidos en hacer un ejercicio muy transparente de los recursos con los lineamientos que hemos aprobado, con reajustes y el diseño de una planeación estratégica que no tenía el Instituto, de evaluación con indicadores.
Para 2016, ¿cuánto solicitaron de presupuesto?
—Solicitamos 893 millones de pesos, lo mismo que en 2015, sólo con un incremento de 5%, esperemos la discusión en la Cámara de Diputados, sabemos que el país tiene muchas necesidades, pero creemos que el tema de la transparencia es muy importante por lo que significa para la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
¿Qué esperan del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo se vinculará con el Sistema Nacional de Transparencia?
—Tenemos el compromiso de Inai de permanecer en el Sistema Nacional Anticorrupción, como parte del Consejo, pero sin duda será muy importante que las disposiciones en materia de transparencia y de combate a la corrupción avancen de manera paralela. El objetivo es que podamos funcionar de manera coordinada y de articulación, organización para funcionar de manera coordinada con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Buscan más participación
¿La gente pregunta por medio de la Ley de Transparencia?
—La gente pregunta, pero el objetivo es que la gente se involucre más, porque en la manera en que la gente pregunte es un control ciudadano sobre el ejercicio que hagan sus autoridades y en eso tenemos que difundir este derecho. Hasta ahora tenemos identificado un perfil más especializado con cierto grado de estudios [investigadores, comunicadores].
¿Cuál es la principal amenaza para la transparencia en el país?
—Yo no le llamaría amenaza, lo llamaría un reto como país, primero terminar de elaborar con contenidos puntuales y específicos las disposiciones en materia del Sistema Nacional de Transparencia y que cada uno de los estados haga una homologación de sus leyes acorde a la Ley General. Si todos avanzamos de manera coordinada, que la gente conozca qué puede preguntar, saber y las consecuencias cuando no se entregue la información, ese es el principal reto.
¿Cómo se puede hacer para que los legisladores den a conocer sus salarios reales y no haya resquicios para que se le dé la vuelta a la ley?
—La transparencia es una cuestión de responsabilidad, no sólo se trata de un tema de normas. En el tema legal tener buenas disposiciones ayuda, pero donde se va a ver en la realidad es la implementación de todas las leyes. Hoy, de 17 obligaciones de transparencia que tiene la Ley Federal se pasarán a 48. Por ejemplo, los partidos ahora tendrán 30 más, es decir 78 obligaciones.
Aquí, la ciudadanía será clave para que si ve situaciones como la que comentan, acuda a las instancias, al Inai para presentar los recursos de revisión y poder resolver de manera pública, abierta y transparente la revisión del ejercicio de los recursos.
¿Cuál es el ambiente en el pleno, parece que en algunas votaciones...?
—Existe una gran conciencia colectiva de llevar las decisiones y las diferencias que puedan llevarse como órgano colegiado con un gran respeto.
Ese es un gran compromiso que hemos asumido de manera pública en el Inai, pero como órgano colegiado también es sano que existan diferencias, votaciones divididas, esa es la naturaleza de un órgano que toma decisiones de cara a la sociedad y de manera transparente.
