La ONU hizo ayer un llamado para alentar al Estado mexicano a que la nueva Ley General de Desapariciones Forzadas tome en consideración las opiniones y vivencias los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales.
“Que la futura ley general sea el resultado de un proceso de inclusión, participación y consulta con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan”, dijo la Oficina de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El organismo internacional destacó que las vivencias de los familiares, “cargadas de sufrimiento, pero también de sabiduría”, se tornan en “importantes lecciones” que han de ser retomadas en la futura legislación.
“Su participación activa es indispensable para dotar a la ley de legitimidad y potenciar la generación de un contexto de exigencia ante los retos que implicará su implementación”, detalló el boletín.
En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.
Con ello, el Congreso deberá expedir la Ley General de Desapariciones Forzadas en un periodo máximo de 18 meses tras su promulgación. En este sentido, la ONU reconoció el esfuerzo de autoridades y organizaciones para legislar en esta materia, y reiteró su “plena disposición” en brindar asistencia técnica para materializar la ley.
“La futura ley general debería adoptar un enfoque integral que reconozca y contemple las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias, de conformidad con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano”, agregó la ONU.
El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue decretado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2010, y se realiza a nivel mundial el 30 de agosto de cada año.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido objeto de fuertes críticas en los reportes de los relatores de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas y tortura.
La imagen del país se vio especialmente afectada tras la desaparición, el 26 septiembre de 2014, de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros en el sureño estado de Guerrero a manos de policías, autoridades corruptas y el crimen organizado.
