La Procuraduría General de la República (PGR) se transforma ante retos enormes de tiempo, infraestructura y de capacitación, entre otros, reconoce Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, quien asegura que se cumplirá con la meta: el 18 de junio de 2016, la dependencia operará en plenitud el nuevo sistema de justicia penal.
En los estados de Puebla, Durango, Yucatán y Zacatecas ya opera un nuevo modelo de organización y funcionamiento que se replicará en todas las delegaciones de la PGR, con innovaciones como las unidades de análisis criminal, en las que se apuesta a la inteligencia en la integración de las carpetas de investigación, para presentar casos firmes ante el Poder Judicial.
Los resultados ya son tangibles. El subprocurador revela en entrevista con EL UNIVERSAL que, de noviembre de 2014 a la fecha, estas agencias en las que ya se aplica el sistema acusatorio (de juicios orales), 50% de los casos que llegan terminan en un acuerdo entre las partes, lo que ha reducido el número de expedientes que pasan a la siguiente fase de investigación y litigación, en donde se integran las carpetas (antes averiguaciones previas).
Higuera Bernal, quien tiene a su cargo las 32 delegaciones de la PGR en el país, explica la transformación y el nuevo modelo de organización y funcionamiento de los Ministerios Públicos de la federación, así como la importancia de la coordinación de todas las instituciones involucradas.
Destaca que para el buen funcionamiento de este sistema dos claves serán importantes: la capacitación que tengan las policías para actuar en estricto apego al respeto a los derechos humanos y que no existían anomalías; y la investigación para sustentar acusaciones ante el juez en un juicio oral.
“Las detenciones se tienen que realizar conforme lo prevé la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, si no fuese así pueden ocurrir fallos desfavorables a la pretensión de aplicar la ley. Por ello la capacitación es fundamental; la policía es el ente clave en el sistema acusatorio”, comenta el funcionario federal.
Desde su oficina en Paseo de la Reforma, Higuera Bernal subraya que las policías asumirán una gran responsabilidad en materia de investigación, además de que, cuando realicen una detención en flagrancia, tendrán que seguir todos los protocolos y reglas para tener éxito en una imputación.
En el tenor de que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio su característica es la transparencia, el subprocurador asegura que se podrá “advertir quiénes actuamos conforme a la ley y quiénes no. Y por lo tanto la posibilidad de determinar y deslindar responsabilidades será más clara”.
¿Cuáles han sido los obstáculos que han encontrado para que pueda cumplirse con la calendarización del nuevo sistema de justicia?
La sociedad mexicana puede estar segura que la PGR va a implementarlo en todas las delegaciones y en las oficinas y unidades especializadas, porque esa es la voluntad de la procuradora Arely Gómez González; y nos ha dado instrucciones muy precisas para que en el plazo constitucional no haya una sola delegación y fiscalía especializada que no esté trabajando con el sistema acusatorio, aplicando el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Pero cambiar un modelo que por décadas se había aplicado, no es fácil. ¿Qué desafíos ve hacia adelante para que se cumpla en el plazo; incluso ha sido un cambio de mentalidad para los mismos servidores públicos?
Los desafíos son enormes, el primero de ellos es el temporal. Reitero, lo estamos haciendo con puntualidad, con una labor de coordinación y una comunicación muy estrecha con el Poder Judicial de la Federación.
El otro desafío es el de la formación tradicional de nuestros agentes del Ministerio Público, de nuestros peritos y policías que tienen que ser capacitados en este breve plazo con intensidad, con dinamismo para que construyan un esquema de servicio público diferente.
Hay personal que tiene una buena cantidad de años en la institución pero estamos conversando con ellos para que tengan fe, voluntad, para adecuarse en esta forma de trabajar en la que se privilegia la oralidad.
Señala que adicionalmente está el reto de la infraestructura y las adecuaciones para que en todas las delegaciones de la dependencia se trabaje de igual manera.
“Será un mismo modelo de las unidades en todas las delegaciones. El personal está siendo revisado para determinar a partir de los perfiles en qué actividad y unidad debe estar, a partir de su experiencia. Cada una de las delegaciones irá operando con un manual de organización y de procedimientos diferente con el que se opera actualmente. Pero vamos a tener que destinar por algún tiempo personal que estará operando con el sistema inquisitivo mientras concluyen los casos de ese sistema”, explica.
Se trata –continúa— de un modelo que involucra, además de funcionarios judiciales, de las procuradurías, abogados, también a la sociedad porque la víctima y ofendido tendrá que estar en los tribunales.
En ese sentido enfatiza que toda la sociedad debe estar preparada para este modelo garantista, en el que las partes se colocan en un plano de igualdad; y en el que los derechos de las partes se elevan a un plano absoluto.
En lo que respecta a la PGR, sostiene que “nuestra parte será sustentar casos. Tendremos que procurar una gran coordinación con las autoridades que no pertenecen al sistema de procuración de justicia, sobre todo de las detenciones en flagrancia para que se desarrollen como lo prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
La transición
El nuevo modelo organizacional en la PGR ya opera en Puebla y Durango desde el 24 de noviembre de 2014, mientras que en Zacatecas y Yucatán se implementó el 15 de marzo de este año.
De un delegado que actúa como coordinador y subdelegados especializados en averiguaciones previas, en procesos penales y de amparo, la dependencia transita a un esquema más ágil con cuatro unidades principales.
La Unidad de Atención inmediata en la que se encuentra la oficialía de partes que recibe las denuncias; atención y determinación, donde el personal analiza si existe o no la posible comisión de un delito; así como el área de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, es decir, donde las partes pueden llegar a un acuerdo.
Las delegaciones estatales donde opera el sistema, cuentan también con la unidad de investigación y litigación, en donde se encuentra el núcleo del trabajo, la innovadora unidad de análisis criminal y la de apoyo al proceso sustantivo, que son claves en la tarea de recabar evidencias, privilegiando las labores de inteligencia y procesamiento de datos que sirvan al Ministerio Público en su investigación.
La tercera es la unidad del sistema tradicional, en donde se encuentra la agencia de investigación y el área de procesos penales federales.
También existe la coordinación de juicio de amparo en donde está el área del sistema tradicional y el área del sistema acusatorio, pues en estos momentos aún hay casos que deberán atenderse bajo el anterior sistema inquisitivo.
En las delegaciones estatales de la PGR, en las que se replicará este modelo, la ciudadanía encontrará, “una oficialía de partes que recibe la denuncias, las turna a la unidad de atención inmediata que analiza el contenido para ver si es materia de investigación. Antes de pasarla a la unidad de investigación y litigación, primero agota todos los mecanismos alternativos de solución, es decir que las partes lleguen a un acuerdo”, detalla Higuera Bernal.
Si hay la probable comisión de un delito del orden federal se turna a la unidad de investigación y litigación. Ese mismo personal es la encargada de llevar ante un juez la acusación que en el nuevo sistema se llama imputación y la averiguación previa ahora es una carpeta de investigación.
“Una gran innovación que creemos que es de gran utilidad para la labor de la Procuraduría General de la República es que los agentes del Ministerio Público, enseguida llamados fiscales, se van a auxiliar de la unidad de análisis de información criminal. Son analistas que van a revisar, en apoyo a los fiscales, los expedientes y le van a ayudar a clasificar la información de los expedientes para nuevas hipótesis de investigación si fuera el caso, o desentrañar la relación de los protagonistas de cada caso”, detalla Higuera.
El 1 de agosto próximo este modelo se aplicará en las delegaciones de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
De acuerdo con el calendario para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, se espera que en el último bimestre de este año entre en vigor en Chiapas, Coahuila, Chihuahua y Aguascalientes, por lo que la PGR deberá cumplir con estos tiempos, de acuerdo con el plan maestro de implementación que se despliega en cinco ejes: coordinación, infraestructura, marco jurídico, personal y reorganización.
