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El grupo parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados busca castigar con multas que alcanzarían hasta los 30 mil días de salario mínimo (más de dos millones de pesos) a quienes distribuyan, vendan o pongan a disposición de niñas, niños y adolescentes, videojuegos clasificados para adultos o que inciten o promuevan la violencia o hagan apología del delito, independientemente de su clasificación.
La iniciativa que presentó el diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) promueve modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y advierte que los videojuegos con contenidos violentos o sexuales representan un riesgo para el comportamiento, desarrollo mental, sano entendimiento y relaciones sociales de niños y niñas, “que por su estadio de desarrollo psicosocial se encuentran en una posición más vulnerable frente a esos contenidos”.
En el documento, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sostiene que la actual legislación carece de garantías para evitar la venta de materiales que pueden menoscabar la integridad física y mental de menores de edad.
En los últimos 20 años los videojuegos han proliferado de tal manera que millones de personas los utilizan para su entretenimiento, y de acuerdo con cifras de centros estadísticos de esas empresas, en 2013 en México 17.7 millones de personas jugaban con esos materiales, al menos una hora al día.
De ahí la importancia de establecer controles legales, regular la distribución de videojuegos e imponer sanciones, pues los establecimientos pueden evadir limitantes y poner a disposición del público infantil y adolescente títulos con temas de violencia o sexualmente explícitos.
Cuéllar Steffan sostiene que en las leyes se deben identificar los factores que contribuyen a desequilibrar el sano desarrollo mental de la infancia, entre los que se encuentra la utilización de videojuegos no aptos para su entendimiento.
“Pueden generar desmesuradas conductas de repetición sobre todo de parte de los menores, como el caso del asesinato del niño de nombre Chistopher Raymundo Márquez, el pasado 15 de marzo en Chihuahua, en el que se vieron involucrados cinco menores de edad, que de manera violenta privaron de la vida al menor, argumentando en su defensa que todo fue parte de “un juego”.
La exposición de los menores a esos contenidos es una agresión a su sano desarrollo psíquico y social, pues los videojuegos “no sólo presentan la trasmisión de imágenes y sonidos a un sujeto pasivo, sino que demandan la interacción del jugador para que se concrete realmente el fin del producto”.
Por ello, el Estado mexicano tiene la obligación de tutelar el interés superior del niño, por lo que se deben evitar riesgos a su integridad psíquica y su desarrollo, a través de normas que disuadan y sancionen conductas que en ejercicio de un derecho de terceros, afecten a este sector de la población.
Se plantea adicionar un artículo 68 Bis y reformar la fracción IV del artículo 148, para establecer que distribuidores y comercializadores de videojuegos no podrán vender o poner a disposición de niños, niñas y adolescentes aquellos títulos o juegos clasificados para adultos, o con cualquier contenido que incite o promueva la violencia o la apología del delito y que afecte el desarrollo integral de niñas, niños o adolescentes.
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