periodismo.investigacion@eluniversal.com.mx
A las orillas del golfo de Santa Clara el viento sopla furioso. Los susurros se sincro- nizan con la voz de Martín Lucio Monroy, de 62 años, líder del Comité de Pescadores Tradicionales. Mientras camina descalzo se encuentra una jaiba muerta. La levanta de una tenaza. “¡Así nos quiere dejar el gobierno federal a costa de la vaquita marina!”, acusa.
Desde la veda temporal de dos años, decretada en abril de 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto, los habitantes y sus negocios están en jaque porque dependen de la pesca. Algunos de ellos empezaron a ser atraídos por el narco o el crimen organizado, porque “la veda aumentó la ilegalidad”.
Aunque el gobierno federal destinó mil 80 millones de pesos como parte del Programa de Compensación para la Conservación de la vaquita marina durante dos años (especie afectada por las redes agalleras con las que se captura la totoaba, un pez cuya vejiga cuesta más que un kilogramo de cocaína), la tasa del cetáceo mexicano disminuyó en 54% en tan sólo unos meses, mientras que la economía de los pescadores está en jaque, por lo que prevén un estallido social.
En enero de 2015 había 97 vaquitas marinas, pero a finales del mismo año el Comité Internacional de Protección a la Vaquita Marina (Cirva) alertó 57. Su titular, Lorenzo Rojas Bracho, dijo que “la veda está en papel, no en la práctica; todo mundo lo sabe: la pesca ilegal sigue”.
A 19 meses, las federaciones y pescadores independientes están inconformes: “Nos están matando poquito a poquito (…) Al final se hizo perdedizo el dinero [del programa]”, refiere Monroy, pescador tradicional de Santa Clara.
Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, señaló que esa queja sobre los recursos aparece frecuentemente en estudios socioeconómicos hechos en los poblados. Pablo Valdez, ministro de Ciencia y Tecnología de la embajada de Estados Unidos, sentenció: “En el programa de compensación no queda muy claro cuál es el plan de México [a largo plazo]”.
Catalina López-Sagastegui, de la Universidad de California, explica que se deben generar interacciones entre “la ciencia multidisciplinaria: lo social, lo económico, lo biológico y lo pesquero deben estar de la mano alimentando el proceso de la política pública; tiene que estar coordinada para un bienestar social”.
Irregularidades en el programa. En abril del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para la suspensión temporal de dos años del uso de redes de enmalle, cimbras o palangres en la pesca comercial con embarcaciones menores, en la zona de reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del río Colorado.
Por lo anterior, se creó un programa para 2 mil 699 pescadores y permisionarios. En él se invertirían 540 millones de pesos anuales. La Sedesol estableció un padrón que se implementó por “la disminución en el ingreso de las personas que laboran en el sector pesquero”, puesto que vulneraría su capital económico familiar.
Hilda Somoza y Baltazar Ramírez coinciden en que hubo manipulación en el padrón de pescadores que recibirían la compensación, donde los permisionarios incluyeron a familiares y conocidos que no están relacionados con la pesquería. Agustín Sánchez Osuna, vocero de los pescadores inconformes de Santa Clara, denunció que el padrón no incluyó a los independientes.
El dinero se entregaría a los pescadores, vía los permisionarios, según la dependencia. Sin embargo, el representante en San Felipe, Sunshine Rodríguez, señaló que él solicitó que ese recurso no llegara a manos de las cooperativas o permisionarios, “porque sabíamos lo que sucedería, y eso pasa en este momento”.
Somoza y Ramírez prevén que esto se debe a megaproyectos en el golfo de California. “El estandarte de vaquita marina viene con otros intereses”, señalan. La lideresa Cucapá, Hilda Hurtado, coincide con lo anterior y señala que la etnia se siente amenazada porque la pesca de este grupo es de usos y costumbres.
Problema en el Mar de Cortés. La vaquita marina fue el único mamífero marino que no emigró al norte cuando terminó la glaciación. Esta marsopa quedó “atrapada” en el Mar de Cortés. Eran alrededor de 900 cuando se descubrieron a mitad de siglo pasado.
La primera estimación la hizo el Cirva, en 1997, mediante hidrófonos que calculan las emisiones sonoras: eran 567 ejemplares. Durante el periodo 2008-2015 se redujo 80%: de 150 a 67.
El doctor Salvador Galindo, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Ensenada, apunta que la razón principal de esta baja es el apresamiento del río Colorado [desembocadura al Alto Golfo], la falta de corrientes de agua dulce y la escasez de nutrientes, que afectaron la productividad de las especies. “La pesca aumenta el problema en última instancia, pero no es la razón principal”, dice.
“El problema es bilateral, México-Estados Unidos, por los cambios ambientales producidos por el represamiento del río Colorado en el hábitat de la vaquita marina”, señala. Dicho alegato viene en una carta que entregó al senador Ernesto Ruffo Appel el pasado 19 de agosto durante el Foro Pesquero.
Para Rojas Bracho, presidente del Cirva, la pesca incidental con redes totoaberas es el principal problema: “Negar que mueren en redes de pesca es absurdo, pero el sector y autoridades pesqueras siempre han argumentado que no”. Recordó que entre 1985 y 1992, la World Wildlife Fund (WWF) recuperó 128 cadáveres de vaquitas envueltos en las redes agalleras. Miguel Rivas, de Greenpeace México, coincide con lo anterior, pero acepta que hay variables como el represamiento: “Es innegable, pero no hay un científico que se haya atrevido a decirnos que es una causa directa”.
Conflicto en ciernes. El Alto Golfo de California es una bomba de tiempo. Los pescadores de la zona aseguran que, una vez terminada la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los abandonarán.
El regidor por el PAN de San Luis Río Colorado, Jorge Figueroa, considera que es una problemática social muy grave. “La veda está por vencerse ¿Se va a abrir la pesca? Pienso que no. Es un problema social para la población y el gobierno”.
En la sesión del 6 de octubre pasado, la diputada local de Sonora Célida López denunció: “Estamos en la posibilidad de enfrentarnos en el norte del país a una crisis social y al estallido de un pueblo pesquero”, debido al cierre y la finalización del programa. La legisladora exhortó a las autoridades a ampliar el subsidio o abrir la pesca con otras especies.
“Vemos que puede venir una crisis económica y un estallido social en San Felipe”, comenta Sunshine Rodríguez.
En la oficina de la Federación Pesquera de San Felipe, Lorenzo García y otros pescadores cabizbajos se quejan de la dificultad para sobrevivir junto con sus familias. García sube la mirada y dice: “Si viene un cierre, este mar se va a teñir de sangre. Hasta allá vamos a llegar”.
Monroy asevera que las iniciativas las dejaron “en manos de funcionarios irresponsables. La gente, nosotros estamos tranquilos como las plantas del desierto: nos tienen con el sistema de goteo (…) pero, ¿qué va a suceder cuando esa gotita el año que viene no esté? Si esto continúa así, va a estallar un conflicto social aquí y el gobierno ya lo sabe”, advierte.
Ramón Franco, de la Federación Andrés Rubio Castro de San Felipe, explica:
“Nos sentimos engañados por tantos buenos proyectos que se mencionaban para la protección de la vaquita, ahorita en la actualidad estamos en medio de un polvorín. ¿En qué momento va a explotar? No lo sé”.
