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maria.rivasl@eluniversal.com.mx
El espíritu revolucionario aún imperaba en el ambiente social durante los años treinta, estas condiciones se conjuntaron con la visión socialista que el presidente Lázaro Cárdenas llevó como estandarte durante su sexenio (1934-1940).
Es así como, por primera vez en México e incluso a nivel latinoamérica, se habló de la educación socialista, concepto que derivó en la modificación del artículo tercero de la Constitución, para dejar al margen de las aulas a la religión y combatir el fanatismo. Además, con esta reforma, el gobierno tomaba el absoluto control de todos los niveles educativos que formaban el sistema en esa época; así como la obligación de monitorear a las escuelas particulares.
Este cambio levantó ámpula entre la población que estaba aún influenciada por la Guerra Cristera, que se vivió en el país de 1926 a 1929. Estos grupos, afiliados principalmente a la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, defendían sus principios a toda costa y se vieron seriamente afectados al momento de ser excluidos de los salones de clases, donde ahora se enseñarían diversos conceptos, incluso de educación sexual.
De acuerdo con el artículo de Susana Quintanilla, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav): “Tan pronto fue aprobada la enmienda constitucional, el gobierno creó el Instituto de Orientación Socialista, organismo responsable de elaborar los lineamientos para la enseñanza básica. En poco tiempo, de acuerdo con el pulso apresurado del momento, diseñó el Plan de Acción de la Escuela Primaria Socialista, que fue distribuido por todo el territorio nacional. Más que de la educación socialista en el sentido ortodoxo del concepto, este documento hacía referencia a una ‘escuela socializada que no estuviera al margen de la vida y la sociedad, sino que combatiera sus lacras y actuara en defensa de las clases desposeídas'. Lejos de marcar un solo camino, daba cabida a diversas propuestas pedagógicas, siempre y cuando privilegiaran a la comunidad, la propiedad colectiva, al trabajo y al conocimiento útil, y se opusieran al individualismo, religión e injusticia social.”
Priorizan la paz
Sin embargo, los enfrentamientos entre los grupos religiosos y aquellos que buscaban el cambio comenzaron a subir de intensidad, a tal grado que incluso se pensó que se podría perder la paz postrevolucionaria, que se había ganado con mucho esfuerzo. Ante este panorama, el presidente Lázaro Cárdenas moderó su iniciativa educativa y abandonó el concepto socialista; ahora buscaría dar un rumbo institucional y propio a la educación del país, alejada tanto de conceptos de fe como de corrientes políticas.
En el texto “ La Educación Socialista en México” de David L. Raby, que se publica en el sitio de cuadernospoliticos.unam.mx se dice: “Así, en ciertas zonas del país la educación socialista fue seriamente comprometida por su asociación con el fanatismo anticlerical, porque este fenómeno, típico de la pequeña burguesía urbana, era ajeno a la mayoría de la población rural. Después de 1935, el gobierno disminuyó de manera notable su propaganda antirreligiosa, e hizo hincapié en los aspectos positivos y socializantes de la nueva escuela. En un célebre discurso en Ciudad González, Guanajuato, donde se había producido un incidente serio entre una misión cultural y elementos populares azuzados por el clero, Cárdenas declaró que era falso que la educación socialista se hubiera concebido como un ataque a la religión popular.”
En el nuevo enfoque de la reforma educativa, el presidente nombró como agentes del progreso a los profesores e hizo cambios radicales en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por ejemplo los dirigentes de esta institución de gobierno dejaron de ser intelectuales citadinos y en su lugar, el presidente designó a maestros y funcionarios que se desempeñaban al interior de la República. Esto permitió, por un lado, calmar los ánimos del magisterio y encaminar los esfuerzos de todos los participantes en el sistema de enseñanza hacia un mismo fin, consolidar la reforma educativa y obtener un sistema unificado.
Esa fue la misión principal del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas: lograr que se consolidaran y homogeneizaran las prácticas educativas en todo el país; misión que solo podría conseguirse centralizando la estructura educativa e incrementando el poder de supervisión, para centros educativos públicos y privados, por parte de la SEP. Las filas comenzaron a cerrarse al interior de la Secretaría, iniciando con los maestros y el sindicato, acto que derivó en la creación del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana (STERM) en febrero de 1938, de acuerdo a los datos arrojados por la investigación de Susana Quintanilla.
Tres ejes fueron protagonistas en este proceso formativo en el que se buscaba brindar acceso a las escuelas a la mayoría de la población: la educación rural, la educación indígena y las regionales campesinas. La primera se encargaba de brindar los conocimientos básicos a los niños y adultos que vivían fuera de las zonas urbanas. La instrucción indígena se enfocó en brindar las herramientas necesarias para que los integrantes de la comunidad regresaran a su lugar de origen a impulsar el crecimiento y progreso económico y social. Finalmente, las regionales campesinas, que surgen en 1932, tuvieron la misión de transformar las técnicas de producción.
Todas estas instituciones educativas estaban orientadas a responder a las necesidades sociales y económicas que se vivían en la época y que se reflejan en esta cita del libro El Maestro rural de 1932: “México necesita más que enseñar a escribir, leer y contar, enseñar a producir […] la escuela debe enseñar a cultivar la tierra, a transformar las materias primas en productos industriales. Es inútil estar pidiendo edificios escolares, campo de juegos, teatro al aire libre y formación de comités y sociedades diversos a un pueblo empobrecido.”
Este argumento fue un precedente para la aparición del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que surge como una opción a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convirtiéndose en el brazo técnico del gobierno, desde donde egresaría una fuerza laboral especializada y necesaria dentro del territorio nacional.
Este nuevo centro de educación superior apareció justo en el momento en que la UNAM buscaba su independencia total del estado mexicano, por lo que el gobierno hizo grandes esfuerzos por crear una escuela que sustituyera su flanco académico.