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La legislación secundaria en materia anticorrupción de ningún modo será un proceso corto ni sencillo, advirtió Cristina Díaz Salazar (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado.
Afirmó que se requiere de la colaboración de los actores sociales, a fin de elaborar el paquete de ordenamientos, tras lo cual se deberán adecuar entre 25 y 30 leyes más.
La comisión que encabeza avanza en el primer borrador de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante “un profundo proceso de reflexión, análisis y consulta con académicos, expertos y sociedad civil”, dijo.
El dictamen de esta nueva ley podría ser votado y llevado al pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones que abre el 1 de febrero, señaló la legisladora.
Subrayó que ésta será la primera de un paquete de leyes en la materia que derivan de la reforma constitucional aprobada en mayo pasado.
Una vez aprobada la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, los senadores entrarán a la discusión de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General en Materia de Responsabilidades Administrativas, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Congreso General y los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores. Tienen hasta mayo para que estas materias entren en vigor.
En el Sistema Nacional Anticorrupción se coordinarán las autoridades locales y federales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, como establece la reforma constitucional de mayo pasado.
Díaz Salazar subrayó la importancia de que la sociedad entienda que su participación es fundamental como solución a la corrupción.
“Sólo entre todos podremos caminar hacia un sólido Estado de derecho que fortalezca las instituciones”, dijo la senadora del PRI.
