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Más de 2 mil 500 trabajadores agrícolas, entre los que se encuentran integrantes de dos comunidades indígenas en el Valle de Mexicali, Baja California, denunciarán la próxima semana, por supuestos actos de corrupción en el manejo del agua, cometidos presuntamente en el marco de un acuerdo que ha provocado afectaciones a pobladores de 25 ejidos, a la Comisión Internacional de Límites de Aguas (CILA), que es un organismo integrado por Estados Unidos y México.
Max Agustín Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), explicó en conferencia de prensa que esta denuncia surgió debido a que en el 2010, los efectos de un sismo afectaron el distrito de riego 014, ante lo cual la CILA firmó un acta donde se establece, entre otras cosas, que el gobierno de Estados Unidos aceptaba "guardar" los volúmenes de agua que no se podrían utilizar en el Valle de Mexicali.
Esto, a causa del colapso que sufrió el distrito de riego, por lo que el acuerdo estableció una vigencia hasta diciembre de 2013.
"Pero, siendo presidente Felipe Calderón y 10 días antes de concluir su gestión, se redactó y aprobó el acta 319, protocolo que actualmente sigue en funcionamiento en la CILA. En ese documento, se realizaron modificaciones para que la retención de los volúmenes de agua se hiciera hasta diciembre de 2017.
"Se dio el argumento de que no podrían concluirse en 2013 las obras de rehabilitación de la infraestructura hidráulica, abriendo incluso un inciso en el que ese resguardo podría prolongarse hasta 2025, afectando la producción agrícola y el nivel de vida de los pobladores de la zona. Estos acuerdos y decisiones, se han tomado sin consultar a los ejidatarios con derecho del agua", explicó Max Correa.
Resaltó que a pesar de los avances en la reparación del distrito de riego, los volúmenes de agua comprometidos y que por derecho le corresponden a México, han sido negados por diferentes razones, por el mal manejo de los diplomáticos mexicanos, por intereses internacionales y por la falta de una visión de soberanía hídrica.
"Entonces el agua del Río Colorado que corresponde a nuestro país, no fluye hacia acá".
Correa informó que los ejidatarios y comuneros han presentado el caso ante el Tribunal Unitario Agrario en un módulo 5 del Distrito de Riego del Valle de Mexicali, pero no obstante del fallo a favor de los agricultores, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se amparó y se niega a restituir el derecho humano al agua.
Ante esto, Max Correa destacó que la CCC llama a otras organizaciones campesinas y sociales para sumar apoyo en esta denuncia ante el Tribunal Latinoamericano del Agua y, si es necesario, acudir ante el Tribunal Internacional del Agua, con el objetivo de que haya un fallo, con sustento legal, de carácter ético y moral, pues se trata de una instancia de justicia alternativa.
