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El gobierno federal investiga la red de apoyo que permitió la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Todos los visitantes que acudieron al penal de máxima seguridad durante casi 16 meses están bajo sospecha de apoyar el plan de escape, también se indaga el grado de participación de servidores públicos de diversos niveles, y se busca establecer quién pudo facilitar los planos de la prisión —clasificados como de seguridad nacional—, que permitieron la evasión.
A través de un túnel cuya entrada está en el área de regaderas, el líder del Cártel de Sinaloa logró fugarse la noche del pasado sábado del Centro de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, en el Estado de México, luego de permanecer casi 16 meses en prisión.
La última vez que las autoridades penitenciarias tuvieron contacto con el reo fue a las 20:52 horas, cuando estaba en el área de tratamientos especiales, pasillo número dos, estancia número 20. Al notar su ausencia con el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión y se verificó que no estaba en su celda.
El comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, explicó que se construyó un túnel para que el capo lograra fugarse del penal.
Los peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron que su acceso está en la zona de regaderas, donde se cavó un hueco de aproximadamente 50 por 50 centímetros, con metro y medio de profundidad por donde El Chapo inició la huida.
Después Guzmán Loera se dirigió a un conducto “de 10 metros de profundidad, habilitado con una escalera. Así se llega hasta un túnel con dimensiones aproximadas de 1.70 metros de altura y de 70 a 80 centímetros de ancho, que en línea recta de punto a punto, representa más de mil 500 metros”, explicó el funcionario.
La vía de escape de El Chapo cuenta con tubería de PVC, que las autoridades consideran fue usada para la ventilación, además de tener alumbrado. En el lugar también había una motocicleta adaptada en rieles, la cual servía de mecanismo de tracción para extraer la tierra y transportar la maquinaria de perforación.
Una vez que logró pasar el túnel, el narcotraficante subió por una escalera que conecta al inmueble que se encuentra en obra negra ubicado al suroeste del centro federal en la colonia Santa Juanita. “En ese lugar se halló mobiliario, enseres y otros objetos que indican que había presencia de trabajadores o de veladores”, dijo el comisionado.
Investigación. Más de 30 empleados que estaban en el penal durante la fuga son interrogados para determinar si están implicados. Entre las personas que declaran están Valentín Cárdenas Lerma, director de la prisión; el subdirector, los elementos del sistema de videovigilancia, custodios, así como el personal de medicina que le suministraba medicamentos a Guzmán Loera.
Ayer 18 de ellos fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); mientras que 13 más declaran al interior del Cefereso, pues una de las líneas que se sigue es la participación de servidores públicos para facilitar la evasión, pues nadie se percató de las obras que se realizaban para construir el túnel.
Aunque entre el 3 y 5 de julio hubo una mayor actividad en las inmediaciones del penal, a un costado de su barda perimetral, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó trabajos de mantenimiento en los acueductos del Sistema Cutzamala. Se reemplazaron cinco tubos y se reforzaron otros 20, con el apoyo de más de 800 trabajadores, y se emplearon 43 máquinas pesadas como grúas, excavadoras, retroexcavadoras y equipo menor.
Como parte de las investigaciones se solicitó a las autoridades penitenciarias el registro de visitantes desde que él ingresó a la cárcel, ya que “todos están bajo sospecha”, indicaron autoridades consultadas, pues cualquiera de ellos pudo apoyar logísticamente de alguna manera en la concreción del plan de fuga, ya que por la forma en que se desarrolló hubo apoyo interno y en el exterior, planes de los que se tuvo que informar a Guzmán Loera.
Otras de las líneas que se siguen, informaron autoridades federales, es determinar cómo se tuvo acceso a los planos del penal, quién pudo haberlos facilitado, ya que es considerado una instalación de seguridad nacional, por lo que pocos tienen acceso a ellos, con los detalles que permitieron a los ingenieros a cargo del túnel, construir con precisión la vía de escape del capo sinaloense.
Familiares y abogados de los custodios asegurados señalaron, por su parte, que la PGR los mantiene incomunicados, negándoles el derecho de nombrar a un abogado defensor, por lo que recurrirán al juicio de amparo.
Juan Sánchez Jiménez, representante legal de Edmundo Tamayo Díaz y Magali Belén Herrera Maya, dijo que a sus defendidos ni siquiera se les permitió hacer una llamada para enterar a sus familias, por lo que también acudirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
