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nurit.martinez@eluniversal.com.mx
El número de maestros que tramitaron ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) una licencia prejubilatoria para dejar su trabajo en el sistema educativo o los que obtuvieron su retiro creció 60.6% en el último año.
Ello como consecuencia de que en septiembre próximo se aplicará, por primera vez y en el marco de la reforma educativa, la evaluación de desempeño a docentes, coinciden investigadores y autoridades educativas.
Al comparar la cantidad de profesores de la educación básica que realizaron gestiones para acceder a la jubilación en el primer trimestre de 2015, se encontró que 22 mil 220 maestros obtuvieron la autorización para dejar su labor en las aulas. Esa cifra significa 8 mil 386 personas más que realizaron ese trámite en el país, respecto a los 13 mil 834 profesores que lo hicieron en el mismo trimestre pero de 2014 en 31 entidades federativas. El Distrito Federal no proporcionó información a esa base de datos.
Durante el primer trimestre de 2012 fueron mil 697 los trabajadores los que solicitaron una licencia pre-jubilatoria, según el reporte que la SEP entregó a la Cámara de Diputados para cumplir con el artículo 10 de la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México (Colmex) dice que “en la cifra se representa no sólo la tendencia de jubilación en el país, sino que existe un factor que acelera el proceso y lo comentan los maestros: que prefieren jubilarse a enfrentar una evaluación que no distingue ni antigüedad ni edad, que los definió como un grupo amorfo”.
El especialistas en el sistema educativo, con el nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), afirma que durante más de 30 años ellos han dedicado su vida a ésta labor y ahora se sienten “amenazados”.
Como consecuencia de que prevalece la falta de comunicación sobre los efectos de la reforma. Se requiere una “pedagogía de lo que significan las evaluaciones”.
En el magisterio “hay miedo a la evaluación; al considerar que no sólo se pone en peligro su trabajo sino también que estarán expuestos a la humillación que implicará que después de tres años uno de ellos que no resulte idóneo sea degradado a intendente”.
Con base en el reporte del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone) que dio a conocer la SEP hace poco más de dos semanas, se pudo conocer que de enero a marzo fueron 14 mil 221 los maestros que obtuvieron su jubilación y 7 mil 999 los que tramitaron la licencia de prejubilación.
La nómina magisterial refiere que Jalisco se ubica a la cabeza como la entidad con el mayor número de trámite de retiro, con 2 mil 213. Le sigue Chiapas con 2 mil 286 profesores y los del estado de México con mil 899 bajas.
En el extremo contrario se ubica a los estados de Colima con 38 y Aguascalientes con 57 docentes en situación de retiro.
Para el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Carlos Ornelas, lo que existe en este momento es “incertidumbre porque permanece la idea de que la evaluación es punitiva”. Pero en una segunda motivación, lo que hay es la percepción de que en la evaluación de desempeño, que se realizará en septiembre, el mayor riesgo que se corre es el de ser exhibidos, por lo tanto, “más vale buscar el retiro, porque tampoco existen amplias posibilidades para heredar o vender la plaza, aunque no está del todo descartado en algunos espacios estatales”.
El especialista, refiere que hay una tercera motivación y que es parte de “los efectos esperados dentro del gobierno, se sabía de antemano y va a ser una forma de racionalizar las plantillas que son excesivas en comisionados y gente que no trabaja”.
Autoridades de la SEP consultadas, confirmaron que se ha detectado este fenómeno para evadir la evaluación de desempeño.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) dio a conocer, hace unas semanas, que del 9 de septiembre al 30 de noviembre se aplicará la primera evaluación a un grupo de 400 mil maestros de educación básica y bachillerato.
Mientras que un segundo bloque de coentes será sometido a evaluación entre los meses de febrero y mayo del presente.
