El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó ayer el Consejo de Defensa de la Nación (Codena) para responder a la “amenaza imperial” de Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca dijera que evalúa “fuertes y prontas” sanciones económicas en caso de que se concrete la Asamblea Nacional Constituyente.
“He decidido activar el Consejo de Defensa de la Nación de acuerdo al 323 de la Constitución, para responder integralmente la amenaza Imperial (...) La respuesta será muy firme, en defensa del Patrimonio Histórico Anticolonial y Antiimperialista de nuestra Patria”, escribió Maduro a través de su cuenta en Twitter. El mandatario aseguró que a Venezuela “no le da órdenes ni la gobierna ningún gobierno extranjero” y se negó a retirar la Constituyente.
El canal estatal VTV transmitió luego imágenes de la instalación del Codena en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas. El artículo 323 de la Constitución venezolana dice que el Codena está integrado por el presidente del país, el vicepresidente del Ejecutivo, Tareck El Aissami; el presidente del Supremo, Maikel Moreno; el presidente del Consejo Moral, Tarek William Saab; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; y el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges. Sin embargo, el Ejecutivo no reconoce al Parlamento por haber sido declarado en desacato por el Supremo, por lo que no ha invitado a su jefe a participar en ninguna de las tres reuniones convocadas en los últimos 10 meses.
El Codena, según la Carta Magna, “es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con “fuertes y prontas” sanciones económicas contra Venezuela si el gobierno sigue adelante con sus planes de formar una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso electoral está convocado para el próximo día 30. “Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona”, dijo Trump en un comunicado.
El canciller venezolano Samuel Moncada advirtió a EU que “nada ni nadie podrá detenerla, la Constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista”. En una declaración televisada, Moncada incluso advirtió que “desde ya, por instrucción del presidente de la República, haremos una revisión profunda con el gobierno de EU, porque nosotros no aceptamos humillaciones de nadie”.
Altos funcionarios de EU señalaron ayer que la Casa Blanca evalúa sanciones económicas “robustas” contra el gobierno de Maduro, incluyendo la suspensión de las importaciones de crudo venezolano. “Todas las opciones están sobre la mesa”, aseguraron a periodistas. Algunos medios estadounidenses apuntan como posibles blancos al ministro Padrino y al diputado oficialista Diosdado Cabello.
Desde La Paz, el presidente boliviano Evo Morales se solidarizó con Maduro y dijo que la “conspiración económica de Trump es para intervención y dominación al pueblo de Venezuela. Su fin es apropiarse de su petróleo”.
En tanto, la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, aprobó un acuerdo en el que se compromete a renovar los poderes públicos, crear las condiciones para que en el país se realicen “elecciones libres” y a promover la conformación de un gobierno de transición. La aprobación se produjo en ausencia de los diputados del chavismo.
Entre otras cosas, la Asamblea avaló la votación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se realizará el viernes. El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, quien presidió la comisión encargada del proceso de designaciones, explicó que los nuevos jueces “pasarán a suplir a los llamados magistrados exprés que fueron nombrados violando la ley” en diciembre de 2015 por el entonces parlamento de mayoría oficialista.
El anuncio se produjo dos días después de que la oposición venezolana realizara una consulta al margen del gobierno en la que, según cifras de los organizadores, 7.5 millones de ciudadanos participaron para rechazar el cambio de Constitución que promueve Maduro.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el Contralor General, Manuel Galindo, se pronunciaron en contra de la “pretensión de crear instancias paralelas a las establecidas por el Estado venezolano”, en alusión a la votación de nuevos jueces.
El Parlamento pidió además a las Fuerzas Armadas no colaborar con la elección de la Constituyente.
En tanto, decenas de opositores realizaron bloqueos en algunas vías de la capital venezolana y otras ciudades.
La protesta fue respaldada por el inspector policial Óscar Pérez, quien atacó el mes pasado dos sedes de organismos públicos y se declaró en rebeldía contra el gobierno de Maduro.
