El mexicano Jesús Lara López, originario de Chiapas, se convirtió ayer en una más de las caras de la política de deportaciones que impulsa el gobierno de Donald Trump que termina con la separación de una familia tras años de trabajar y vivir en EU.
Lara López, de 37 años, llevaba 16 años en territorio estadounidense. Tiene cuatro hijos de entre seis y 13 años, todos nacidos en EU, a quienes dejará atrás junto a su esposa.
El aeropuerto de Cleveland (Ohio), fue el escenario de la despedida familiar, estampa marcada por las lágrimas y las emociones a flor de piel. De nada sirvió la movilización comunitaria, las peticiones a congresistas ni las protestas y marchas contra su deportación.
Lara López legó en 2001 a Florida para trabajar en la recolección de fruta, pero rápidamente se mudó al norte, donde se estableció. Se casó e, incluso, compró una casa para su familia.
A pesar de contar con una orden de deportación por haber circulado en automóvil sin licencia en 2008, y de que las autoridades ordenaran su expulsión en 2011, las autoridades migratorias le habían otorgado varias prórrogas e incluso permisos de trabajo sin ningún problema. El pasado marzo, sin embargo, todo cambió.
En un registro rutinario de migración, los oficiales de la administración le anunciaron que su estadía en Estados Unidos ya no sería renovada, por lo que iban a proceder con la expulsión. Le pusieron un sistema de vigilancia en el tobillo y le obligaron a comprar un billete solo de ida hacia México.
De acuerdo con los reportes de los medios locales, el mexicano no cometió ningún delito y siempre cumplió con los requisitos requeridos por las fuerzas migratorias. Es más: tiene registro de haber pagado impuestos todos los años y nunca se benefició ni de programas sociales ni de los subsidios gubernamentales.
El caso de Lara López es un ejemplo de que, con las nuevas políticas de la administración de Donald Trump, el objetivo para las deportaciones se amplió y no sólo se centra en criminales. “Ninguna clase de extranjero en los EU está exento de detención y deportación”, declaró a la cadena ABC Khaalid Walls, portavoz de la fuerza migratoria en la región noreste de EU.
David Leopold, abogado del mexicano, aseguró que su cliente tenía “permiso de trabajo en regla”, y se empleaba en una empresa de producción alimentaria. “Son los momentos más oscuros que he vivido como abogado”, reconoció el letrado ante los periodistas, asegurando que la ley migratoria está “completamente rota”.
“Casos como este son un gasto increíble de los recursos y hacen más difícil el trabajo de identificar y expulsar a criminales peligrosos”, se quejó en un comunicado el grupo proinmigrante America’s Voices.
