Con el objetivo de dar certidumbre a los ciudadanos que se verán afectados por los cambios migratorios previstos por la salida británica, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido dieron inicio ayer a la segunda ronda de las negociaciones del Brexit.
Las pláticas entre el bloque y el Reino Unido durarán hasta el jueves y además de discutir el impacto migratorio, abordarán otros asuntos espinosos, como el futuro de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, así como el monto que deberá pagar Londres para cubrir la factura de divorcio.
“Llegó el momento de poner manos a la obra y hacer de esto una negociación exitosa”, fueron las primeras palabras a la prensa del jefe de la delegación británica, David Davis, a su arribo a la capital europea.
“Examinaremos y compararemos nuestras posiciones para lograr buenos avances”, comentó por su parte el negociador europeo para el Brexit, el francés Michel Barnier.
El ímpetu con que arrancaron las conversaciones se vio eclipsado tan pronto como se divulgó la primera foto de la reunión.
En la imagen aparece David Davis y el embajador británico ante la UE, sentados frente a Barnier y su equipo; pero con la diferencia de que los tres funcionarios europeos estaban armados con informes y apuntes, mientras que los británicos no llevaban ningún documento.
La imagen desató fuertes críticas en los medios británicos y alimentó las inquietantes interrogantes sobre la capacidad de preparación del equipo formado por la primer ministra de Reino Unido, Theresa May, para afrontar el proceso del Brexit.
Las negociaciones formales sobre los términos de la salida de la Unión Europea arrancaron el mes pasado. Hasta ahora se está siguiendo la estrategia de Bruselas, que antes de hablar sobre la futura relación económica y política quiere negociar los derechos de los ciudadanos europeos que están en suelo británico.
También, pretende alcanzar un compromiso con Londres para que pague una factura estimada en alrededor de 100 mil millones de euros para cubrir partidas a las que actualmente se ha comprometido, como el pago de pensiones, cobertura de préstamos del Banco Europeo de Inversiones y el financiamiento de proyectos establecidos.
Para Boris Johnson, ministro de exteriores del Reino Unido y figura clave en el triunfo del voto del Brexit, el monto es un “abuso”; y ha dicho que si Bruselas piensa que pagarán esa cifra “puede irse a volar”.
Las posiciones también difieren considerablemente sobre los derechos de los ciudadanos. La Unión Europea quiere un acuerdo que garantice el derecho a la residencia y la igualdad de trato para los comunitarios con relación a los nacionales. Por el contrario, el plan de May apuesta por crear nuevos derechos.
Las posiciones son igualmente opuestas en cuanto a la fecha de corte que regiría la situación de los ciudadanos. Para la UE debería ser la fecha oficial de la retirada, mientras que para el gobierno de May debería ser entre el 29 de marzo, cuando inició el proceso, y el día formal de salida.
Además hay diferencias sobre las condiciones para la reunificación familiar y el acceso a las prestaciones sociales. Tampoco hay coincidencia sobre la instancia que debería supervisar el cumplimiento de los compromisos. Bruselas quiere que sea la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE, (CJUE), en tanto que la propuesta de May se centra en acabar con la jurisdicción comunitaria y hacer prevalecer la ley británica.
En cuanto al futuro de Irlanda del Norte, Edward Burke analista del Centre for European Reform, alerta que “el Brexit está poniendo en riesgo los cimientos del proceso de paz” y afirma que la eventual reinstauración de los controles fronterizos como consecuencia del divorcio con la UE, podría despertar viejos fantasmas y crear condiciones para el terrorismo y la delincuencia organizada.
