El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recuperó ayer su faceta más antiinmigrante y en vísperas de la votación de dos leyes sobre ese tema en la Cámara de Representantes se rodeó de familiares de víctimas de crímenes perpetrados por indocumentados para ejemplificar la necesidad de tener mano dura contra la inmigración.
“Perdieron a la gente que querían porque nuestro gobierno rechazó aplicar las leyes de inmigración del país”, criticó Trump. “Nadie murió en vano”, aseguró el presidente.
Las dos leyes que se someterán a votación este jueves se resumen en la historia de Kate Steinle. En 2015, la joven de 32 años fue asesinada mientras paseaba junto a su padre por las calles de San Francisco. El sospechoso, el mexicano Juan Francisco López Sánchez, había sido condenado por siete delitos y deportado cinco veces antes de los hechos.
“Su muerte era prevenible, y seguiría viva si la ciudad de San Francisco hubiera puesto la seguridad por delante”, opinó en un comunicado el fiscal general de EU, Jeff Sessions.
El caso de Steinle resume las dos iniciativas que la Casa Blanca: el endurecimiento de las penas para indocumentados que traten de volver al país tras ser deportados y la congelación de fondos federales contra aquellas instituciones locales y estatales como San Francisco que rechacen colaborar.
“Vamos a cortar fondos federales a aquellas ciudades que protejan peligrosos y criminales extranjeros de ser entregados a las fuerzas del orden federal”, explicó el presidente.
Si se aprueba, la pena por reentrar al país sin documentación será de hasta cinco años de cárcel; volver cuando anteriormente se habían cometido al menos tres faltas leves será de hasta 10 años; si se cometió un delito grave, de entre cinco a 20 años
de reclusión.
“Hacemos un llamado a todos los miembros del Congreso para que honren a estas familias estadounidenses aprobado estas medidas salvadoras de vidas (…) Lo vamos a hacer rápido”, prometió Trump.
El director interino del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), Tom Homan, reiteró que las “jurisdicciones santuario suponen una amenaza” para la seguridad del país.
