Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia demandaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegando que recibe pagos de gobiernos extranjeros a través de su imperio empresarial desde su llegada a la Casa Blanca, lo que supone una “violación flagrante” de la Constitución y, en concreto, de la “cláusula de emolumentos”, la fórmula anticorrupción detallada en la Carta Magna.
El temido “conflicto de interés”, desaparecido desde hace semanas de la jerga de Washington por la potencia del Rusiagate, vuelve a primera línea para llevar más problemas a Trump. Se trata de la primera vez que entidades gubernamentales —las dos de carácter demócrata— abren el frente de conflicto de interés y denuncian que, de demostrarse, podría crear una administración “corruptible”.
“La incertidumbre sobre si el presidente está actuando en el mejor interés del pueblo estadounidense, o por contra, su fin es el enriquecimiento personal, infringe un dolor continuo en nuestra democracia (…) que está en riesgo”, dijeron los fiscales Karl Racine (Distrito de Columbia) y Brian Frosh (Maryland).
No es la primera vez que alguien demanda a Trump por conflicto de interés. Tres días después de que accediera al Despacho Oval el grupo independiente de control de órganos públicos CREW, liderado por el ex zar ético de Barack Obama, Norman Eisen, lo demandó por este caso.
El caso de Maryland y el Distrito de Columbia abre un camino legal que no se ha recorrido (nunca habían acusado a alguien de violar la cláusula de emolumentos), y podría terminar en juicio real contra Trump hasta el Supremo.
“Este caso representa otra tormenta, no sólo unos copos de nieve, sino una nevada de problemas para Trump”, aseguró Eisen.
En el texto se alegan “violaciones constitucionales sin precedentes”, y ponen ejemplos de cómo el imperio del magnate se ha convertido en un punto de encuentro entre el gobierno de Trump y entidades extranjeras.
La demanda se centra especialmente en el hotel que el mandatario tiene en Washington. Entre los ejemplos estarían países como Arabia Saudita o China, que han pagado “centenares de miles de dólares” para “endulzar” la relación y facilitar acuerdos.
Trump había asegurado que se desvinculaba de sus empresas y cedía la gestión a sus hijos. Nunca dio pruebas, pero prometió que nadie le informaría de la compañía. Hace poco su hijo Eric Trump dijo que le reportan el estado del conglomerado familiar.
A la demanda de ayer se puede añadir otra del Congreso. La bancada demócrata, a través del representante por Nueva York, Jerry Nadler, busca demandarlo por el mismo caso.
Varios congresistas están apostando por pedir al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que inicie una investigación sobre el caso.
“Como se ha debatido anteriormente, los intereses del presidente no violan la cláusula de emolumentos”, defendió el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Si los juzgados encuentran razones para creer que quizá se vulneró la Constitución, el caso para un juicio político podría estar más cerca.
