La petición presupuestal del presidente Donald Trump de mil 500 millones de dólares para el muro en la frontera con México es un “despilfarro” que no irá a ningún lado en el Congreso, advirtió hoy la influyente legisladora demócrata Nita Lowey.
Lowey, una de las más importantes legisladoras en materia presupuestal en su calidad de la demócrata de mayor rango del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, fustigó que el presidente haya incluido dinero para el muro en la petición de gastos suplementarios.
“La petición… del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para construir un muro en la frontera sur no va a ir a ningún lado… es un despilfarro multianual y multimillonario”, señaló Lowey, demócrata por Nueva York.
“Esta petición injustificada está basada nada más que en una promesa de campaña”, remató.
El presidente Donald Trump pidió mil 500 millones de dólares en el presupuesto suplementario de 2017 para la construcción del muro en la frontera con México, como parte de un partida general de 30 mil millones en defensa y seguridad nacional.
Adicionalmente, la administración Trump solicitó al Congreso dos mil 600 millones de dólares para la edificación de esa infraestructura dentro del presupuesto regular del año fiscal 2018.
El presidente planea además contratar a un centenar de abogados gubernamentales y reclutar a unos mil 500 agentes fronterizos, además de destinar más de mil millones de dólares para espacios de reclusión y deportaciones.
Para compensar los egresos por la construcción del muro, el presupuesto propone recortes a agencias como la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
Aunque inicialmente Trump había dicho que el muro sería pagado por México, los recursos provendrán del Departamento del Tesoro y tienen como objetivo financiar la construcción de proyectos “piloto” de muro con diferentes diseños en varias áreas de la línea limítrofe.
“¿Cuántas millas de muro se construirán con eso? No tenemos una respuesta porque no hemos llegado a una conclusión sobre el tipo de construcción, no hemos decidido dónde vamos a empezar”, dijo el director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.
Se trata de una solicitud por debajo del costo estimado general de entre 13 mil millones y 21 mil millones de dólares.
Pero la petición presupuestal debe ser aprobada por el Congreso, donde el proyecto ha enfrentando críticas no sólo de demócratas, sino también de senadores republicanos como John McCain y John Cornyn.
El pasado lunes el liderazgo de la minoría demócrata del Senado amenazó a la mayoría republicana con paralizar el gobierno federal si colocan el presupuesto para el muro con México, deportaciones y otras “píldoras venenosas” en la ley de gastos.
En una carta dirigida al líder republicano Mitch McConnell, el dirigente de los demócratas del Senado, Charles Schumer, dejó en claro que si se incluyen esos temas no tendrán los votos que requieren de la oposición para mantener abierto el gobierno después del 28 de abril.
“Si los republicanos insisten en insertar píldoras venenosas tales como el financiamiento Planned Parenthood, construir un muro fronterizo o poner en marcha una fuerza de deportación, estarán paralizando al gobierno y dándole un duro golpe a la economía”, afirmó Schumer.
La aprobación de la ley de gastos requiere 60 de los 100 votos del Senado. Los republicanos cuentan con 52 escaños, por lo que necesitan el apoyo de al menos ocho votos demócratas.
En caso de no lograrse un acuerdo entre republicanos y demócratas, el gobierno federal quedaría paralizado, toda vez que por el momento sólo cuenta con un presupuesto de emergencia que mantiene los gastos al nivel del año fiscal 2016.
La semana pasada el republicano McConnell echó un balde de agua fría a la idea del presidente Donald Trump de que México pague el muro.
“No”, respondió concisamente el líder de la mayoría conservadora a la pregunta de si México pagaría la factura del muro durante un foro organizado por la publicación Político.
La administración Trump tampoco ha detallado cómo planea utilizar el principio de “dominio eminente” para adquirir los terrenos privados donde sería elevado el muro.
Algunos terratenientes de estados como Texas, así como tribus nativas del estado de Arizona, han expresado su oposición a la venta de sus tierras para levantar la barrera prometida por Trump durante su campaña electoral.
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