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Daniel Ramírez, el dreamer mexicano de 23 años detenido el pasado 10 de febrero por las autoridades migratorias de Estados Unidos, cuenta con un equipo de 16 abogados pertenecientes a grandes despachos jurídicos que lo defenderán contra el Departamento de Seguridad Nacional.
Entre ellos están Luis Cortés Romero, también dreamer, y Elizabeth Haw-kins, quienes hablaron de cómo se conformó el equipo legal de Ramírez y la relevancia de este caso, que podría tener importantes repercusiones legales de tipo migratorio en EU.
“Cuando el hermano de Daniel nos llamó, le dije que no se preocupara porque él estaba amparado por DACA y tendría que salir esa misma tarde. Al ver que no salió, nos reunimos para hablar del caso pues nos pareció muy rara esta detención, sin ningún tipo de historial criminal, por eso tomamos el caso, para investigar las injusticias”, explicó Cortés.
Dijo que entre las irregularidades del caso está que acusaron a Daniel de ser pandillero por tener un tatuaje y que en su declaración escribió “los oficiales me acusan de ser pandillero”, frase que fue borrada del documento.
Cortés comprende muy bien el entorno de la comunidad inmigrante y los dreamers, pues su historia es similar. Nació en Morelia, Michoacán, y fue llevado a EU cuando tenía un año de edad. Allá creció y estudió leyes gracias al programa DACA.
“Para nosotros es muy importante resolver este caso y me relaciono con él de forma personal porque yo también estoy amparado con DACA y comprendo la preocupación de Daniel ante el escenario de ser deportado a un país que le es desconocido”, aseguró.
Tras asumir la defensa de Daniel, en el estado de Washington, Cortés se comunicó con el despacho Public Counsel, en Los Ángeles, y ellos a su vez contactaron con la firma Gibson Dunn.
Elizabeth Hawkins llegó al grupo invitada por Cortés.
“Para mí es un honor estar en un grupo tan importante donde hay constitucionalistas muy famosos, aunque Luis y yo somos los únicos que nos especializamos en migración. Y esa es una parte clave en la estrategia del caso”, precisó.
Hawkins —quien visitó México por razones académicas—, indicó que la estrategia jurídica se enfoca en el Habeas Corpus (procedimiento para que se determine la legalidad del arresto) ya que, en su opinión, la detención de Daniel violó la Constitución de EU.
“Si le van a quitar el estatus DACA y su libertad, deben darle también la oportunidad de defenderse; y respecto a la alteración de su declaración, no sería la primera vez que un funcionario es sancionado por acciones como ésta”, subrayó la abogada.
“El caso de Daniel no es común y como abogados comprendemos las implicaciones que esto tiene. Si estamos aquí es porque creemos que esto tendrá efectos positivos para el resto de la gente”, agregó.
Grandes despachos
Los defensores de Daniel trabajan pro bono (sin retribución monetaria) y pertenecen a grandes despachos jurídicos del país. El primero es Public Counsel, reconocida como el bufete pro bono más grande para personas de escasos recursos. Tiene cinco abogados en el caso: Mark Rosenbaum, Judy London, Kathryn Eidman, Anne Hudson-Price y Elizabeth Hadaway.
Por la firma Gibson Dunn, bufete creado en 1890 que cuenta con 18 oficinas en el mundo, están Theodore Boutrous Jr., Katherine Marquart, Jesse Gabriel y Ethan Dettmer.
Barrera Legal Group, un despacho más joven, aportó a tres de sus litigantes: John Barrera, José García y Luis Cortés Romero. Los otros cuatro abogados son Elizabeth Hawkins, de Hawkins Law Group; Laurence H. Tribe, de la escuela de leyes de Harvard; Erwin Chemerinsky, de la Universidad de California, y Matt Adams, de la organización Northwest Immigrants Rights Project.
Desesperado y confundido
El centro de detención de Tacoma (Washington), donde se encuentra Daniel, no es una cárcel, sino un lugar de tránsito temporal; sin embargo, el sitio está sobrepoblado porque a diario llega un promedio de mil 500 personas debido a que alguna autoridad consideró que su estatus migratorio es dudoso.
Además, 80% de los detenidos no cuenta con una representación legal. Esto ocurre porque la Constitución garantiza un abogado para casos penales, pero no aplica en cuestiones de inmigración. De ahí que, subrayó Hawkins, Daniel es muy afortunado.
De los 16 litigantes, quien acude con más frecuencia a ver al mexicano es Luis Cortés. “El centro de detención es prácticamente una cárcel, Daniel no tiene antecedentes penales y está desesperado por salir. Pero al mismo tiempo se siente con mucha fuerza gracias a todo el apoyo que ha recibido”, aseguró el abogado.
Hawkins sólo ha podido verlo en una ocasión. “Aquel día estaba deprimido y muy confundido, pues su situación es traumática. Las celdas son colectivas y las condiciones de los centros no son muy buenas”.
Por ahora, el grupo de abogados solicitó cancelar la audiencia que se tenía agendada ayer y en la que un juez de migración evaluaría la posibilidad de fijar una fianza para dejar en libertad al dreamer.
En su lugar, el equipo optó por solicitar que la Corte Federal en Seattle se pronuncie para aceptar su jurisdicción sobre el caso. La audiencia fue fijada para el 8 de marzo.
Inicialmente el objetivo de los abogados era mantener el caso con un bajo perfil ante la prensa, lo que fue imposible dada su relevancia.
“El caso es importante porque, uno, destapa el prejuicio de la policía contra los mexicanos a través de una campaña presidencial controversial. Y dos, porque al mismo tiempo demuestra que hay muchas personas que no serán omisas ni se van a quedar calladas cuando sucede una injusticia”, señaló Cortés.
“Las cortes estadounidenses están saturadas de juicios para deportación y aunque en la administración de [Barack] Obama muchos de ellos se resolvieron de forma administrativa, eso no despresurizó el sistema. Te doy un ejemplo: por casos recientes de inmigrantes que lleva mi oficina, la Corte nos dio fechas de audiencia para juicio hasta 2020”, concluyó Hawkins.
