Adryana Reyes, residente indocumentada en California, tuvo que pedir más horas extras de trabajo para que sus papás ya no salieran de casa o lo hicieran lo menos posible ante las redadas que ha lanzado el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
“Vendimos el carrito de mi papá para ayudarnos los meses que siguen hasta saber cómo va a estar la cosa con este señor que está de presidente. No podemos arriesgarnos todos a andar fuera trabajando, yendo y viniendo”, dijo esta joven de 27 años y de origen mexicano, quien pudo haberse inscrito desde 2012 en el Programa de Acción Diferida para las personas Llegadas en su Infancia (DACA), pero no lo hizo. “¿Te imaginas? Ahorita tendrían todos mis datos personales y eso de que no van a colaborar en California con los de Inmigración, pues tal vez, pero siempre hay hackers o cosas así” dijo, asustada, a EL UNIVERSAL.
Tras las redadas del fin de semana del 11 y 12 de febrero, en las que según cifras oficiales 680 personas fueron detenidas en diversas ciudades de EU, siendo Los Ángeles y Nueva York las más afectadas, “ya nadie quiere salir de su casa”, dijo Jorge Mario Cabrera, director de Comunicación y vocero de la Coalición para la Defensa de los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA. “Según las autoridades, 75% de los detenidos tiene antecedentes penales, pero es una manera muy americana de mentir, porque más de la mitad de los detenidos sólo tienen fallas por manejar bajo los efectos del alcohol o no haber pagado una o varias multas de tránsito”, aseguró el defensor de derechos humanos.
Para la comunidad inmigrante indocumentada está claro que vienen meses y tal vez años muy difíciles.
“Hemos comenzado a organizarnos no solamente entre la familia; incluso los vecinos, familiares que viven en otra parte, amigos, todos para saber cómo vamos a reaccionar y qué vamos a hacer si alguno de nosotros es detenido”, comentó Sheila Salinas, beneficiaria del DACA. “Ya no puedo confiar en que estoy protegida supuestamente por el DACA, mira lo que le pasó al muchacho de Seattle —Daniel Ramírez, detenido por las autoridades migratorias—, en Washington. Iban por su papá y se llevaron a los dos y aunque comprobó que se había acogido al DACA, lo detuvieron y lo amenazaron; afortunadamente muchos abogados de inmigración fueron a protegerlo, eso me da un poco de tranquilidad, no estamos solos, pero es muy difícil pensar en nuestros padres o familiares indocumentados que andan en la calle”.
De acuerdo con el general John Kelly, director de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en las redadas se están enfocando en las personas con antecedentes penales. “Pero queda claro que no es verdad; esto ha sucedido en todas las administraciones; con [Barack] Obama y [George W.] Bush las redadas estuvieron a la orden del día y la gran mayoría de los deportados no tenían antecedentes o eran delitos sin mayor importancia; casi siempre de tránsito”, comentó Cabrera.
Derechos. Según expertos, si las autoridades de inmigración y aduanas (ICE) acuden a la vivienda de una familia o persona, ésta tiene derecho a no abrir la puerta, a menos que muestren una orden de cateo, que no puede emitir un juez de inmigración porque está más allá de sus capacidades legales, así que casi nunca los oficiales federales llegan con ese tipo de documento.
Si una persona es detenida en la calle o su trabajo, tiene derecho a guardar silencio y a preguntar a los agentes que lo detuvieron si puede irse. De ser trasladado a un centro de detención, tiene derecho a llamar a su Consulado para pedir asistencia, así como a solicitar un abogado y —una de las recomendaciones más importantes— a no firmar ningún documento, menos una deportación voluntaria.
Todo detenido tiene derecho a ir frente a un juez de inmigración a exponer su caso y pelear para quedarse. Tiene más posibilidades si lleva más de 10 años viviendo en EU y al menos un hijo estadounidense, o si es perseguido en su país de origen o está en riesgo de muerte, o si tiene un hijo enfermo y ser deportado le ocasionaría un daño moral muy fuerte. “Hay muchas realidades que pueden ayudar a que algún detenido con orden de deportación pueda quedarse en el país”, dijo a este diario la abogada Gloria Curiel, quien añadió que “siempre hay que intentarlo”.
Redes sociales. Varios grupos proinmigrantes de California y otros estados de la Unión Americana han montado campañas para que los migrantes se mantengan conectados a través de las redes sociales. “Wase, por ejemplo, es una aplicación gratuita donde la gente puede interactuar y compartir información sobre diversos tópicos, incluidas redadas o presencia de agentes federales en determinados lugares”, dijo Cabrera.
Adryana está familiarizada con este tipo de aplicaciones. “He estado explicando y ayudando a varios familiares y amigos a usar [Waze] para que podamos estar mucho más protegidos; esto, sin contar otros recursos como WhatsApp o Mesenger para una comunicación inmediata si no puedes hablar o llamar”.
Si bien en administraciones pasadas hubo deportaciones, ninguna “amenazó abiertamente a la comunidad indocumentada como Trump; este presidente ha ido más lejos, porque ya detuvieron a un dreamer, también se sienten amenazados los residentes legales, los que tienen green card, esto nunca había sucedido, era inimaginable”, dijo Jorge Mario Cabrera, de CHIRLA.
Mariana Montes es residente legal en EU desde hace 16 años. “No me he querido hacer ciudadana por ese romanticismo de no jurar a otra bandera que no sea la de tu país, pero la verdad en este momento sí lo veo como un gran error. ¿Quién iba a imaginar que un día llegaría a la presidencia de este país un loco como Trump?”, dijo esta oriunda de El Salvador y quien estudió enfermería. “Nadie parece estar a salvo, incluso dicen que a quienes son de otros países y se hicieron estadounidenses también podrían quitarles la ciudadanía ¿Te imaginas qué locura estamos viviendo?”, recalcó.
