Más Información
Fiscales generales de 15 países se reunirán hoy y mañana en esta ciudad para coordinar las investigaciones de la red de sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que desató un terremoto político en Latinoamérica.
La inusual cumbre será liderada por el jefe de los fiscales de Brasil, Rodrigo Janot, quien convocó a sus pares tras recibir numerosos pedidos de información de un caso con ramificaciones en tres continentes. “Es una forma de responder a tantas requisitorias de datos, en un caso que está bajo secreto de sumario”, dijo a la AFP una fuente que trabaja en el encuentro y pidió no ser identificada.
Los países invitados son Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
El esquema montado para sobornar a funcionarios a cambio de conseguir obras y hasta medidas parlamentarias para beneficarla le valieron a Odebrecht y a su filial petroquímica Braskem una multa por 4 mil 500 millones de dólares, en un caso que abarcó a las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.
Odebrecht indicó que tiene capacidad para pagar hasta 2 mil 600 millones de dólares, que sumados a la penalidad de unos 900 millones de Braskem, totalizarían 3 mil 500 millones.
El Departamento de Justicia estadounidense estimó que este pulpo, que fabrica hasta submarinos, repartió sobornos por cerca de mil millones de dólares en decenas de países. La firma acordó que 77 de sus ejecutivos confesasen sus delitos a cambio de una reducción de sus penas, incluido su ex director general Marcelo Odebrecht, condenado a más de 19 años de reclusión en Brasil.
La desclasificación de esos documentos se espera en cualquier momento y las primeras filtraciones ya revelaron profusas menciones al presidente brasileño Michel Temer y a buena parte del arco político local. Pero el caso cruzó las fronteras y recorre América Latina como un reguero de pólvora.
Perú emitió una orden de captura contra el ex mandatario Alejandro Toledo, acusado de recibir millones de dólares para favorecer a Odebrecht, y hay acusaciones contra el jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas, así como contra el mandatario colombiano Juan Manuel Santos, señalado por un ex senador, que luego se desdijo, como beneficiario del dinero de Odebrecht. Todos los mencionados negaron los cargos.
En Venezuela, la Justicia congeló las cuentas bancarias y activos de Odebrecht en el país, a solicitud del Ministerio Público. El martes fueron allanadas las oficinas de la compañía en Caracas como parte de la investigación de supuestos sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos de obras públicas.
El pasado domingo, el presidente Nicolás Maduro pidió a la fiscalía y al Poder Judicial encarcelar a quienes recibieron pagos de la constructora.
El martes, el mandatario adelantó que “hay un gobernador involucrado” que podría ir preso, sin dar su nombre. El diario The Wall Street Journal vinculó con el escándalo al gobernador del estado Miranda (centro-norte), el opositor Henrique Capriles, quien niega las acusaciones y afirma que las contrataciones con Odebrecht se hicieron durante la gestión como gobernador de Diosdado Cabello (2004-2008).
Por su parte, Santos insistió en que no tiene que ver con los sobornos y subrayó que su acusador se desdijo. “Más claro no canta un gallo, los hechos hablan por sí solos, yo no tengo que decir nada más”.
El mandatario colombiano se reunió en Guayaquil con su par ecuatoriano, Rafael Correa, quien afirmó que en su país “prácticamente se desconoce el caso Odebrecht” y aseguró que se está a la espera del listado de los involucrados “para poder sancionar con todo el rigor de la ley”. Señaló que no él ni Santos ni otros países tienen “la lista completa”.
