Un decreto firmado ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorga de forma indirecta el mismo grado criminal a inmigrantes indocumentados que a traficantes de drogas o delincuentes violentos.
La orden ejecutiva promulgada para la creación de un “Cuerpo Especial para la Reducción del Crimen”, equipara los supuestos peligros que conllevan los inmigrantes indocumentados o la violencia para la seguridad nacional, y ordenó a los cuerpos de seguridad que trabajen para acabar con ellos en aras de proteger a la población.
La orden de Trump pone bajo el mando del recientemente ratificado fiscal general del país, Jeff Sessions, toda una infraestructura con la que podrá crear, organizar y decidir para combatir y reducir el crimen “incluyendo, en particular, la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y los crímenes violentos”, detalla el documento.
“Un enfoque en la ley y el orden, y la seguridad del pueblo estadounidenses, requiere un compromiso por hacer cumplir la ley y desarrollar políticas que abarquen de manera integral la inmigración ilegal, el narcotráfico y la delincuencia violenta”, explica el texto.
“La orden ejecutiva es extremadamente vaga y no incluye políticas claras o directrices explícitas, lo que asumo que es hecho a propósito”, dijo a EL UNIVERSAL Daniel Martínez, sociólogo de la George Washington University, experto en temas de criminalización social y legal de migración no autorizada.
La única medida concreta que detalla es la obligación para el “Cuerpo Especial” de reportar al menos una vez al año las estrategias y programas que se quieran implementar para reducir la influencia de los crímenes detallados en el decreto.
“Trump, de forma consistente, ha enmarcado la inmigración no autorizada en los contextos de ‘crimen’ y ‘ley y orden’”, recuerda Martínez, algo que expertos como él consideran no sólo “extremadamente problemático”, sino, además, “peligroso”.
Trump ya inició su andadura a la Casa Blanca relacionando migración y criminalidad con sus acusaciones hacia la comunidad mexicana con calificativos de “violadores” y “criminales”. Sin embargo, la mayoría de los estudios desmienten al ahora presidente, ya que no extraen ninguna relación entre inmigración de indocumentados y el aumento de la criminalidad en Estados Unidos. Al contrario: “Muchos estudios han demostrado que los inmigrantes han tenido un efecto revitalizador (…) y efectos que reducen el crimen”, recuerda el experto.
La decisión de equiparar crimen violento y narcotráfico con inmigración no autorizada es, además, un factor más de marginalización y estigmatización para una población que ya está viviendo unos momentos complejos. “Encuentro esta caracterización (…) muy perturbadora”, afirma Martínez.
Tal y como recuerda el experto, estar indocumentado en EU es una “violación administrativa”, pero la entrada ilegal y el reingreso ilegal son delitos federales desde la década de los años 1920. Si bien al principio, especialmente a los inmigrantes mexicanos detenidos durante el cruce de la frontera, se les daba un “retorno voluntario” en forma de repatriación, en los últimos 15 años la política se recrudeció, con acusaciones y condenas de deportación.
“Si entiendo bien, la administración Trump no sólo pretende continuar con esta práctica, sino que piensa eliminar completamente los “retornos voluntarios” a favor de perseguir a los transgresores por ‘entrada o reingreso ilegal’, concluye Martínez. Algo que podría indicar, de forma sutil, el inicio del cumplimiento de la promesa electoral de perseguir a los indocumentados y empezar con la política de deportación masiva.
Trump también firmó un decreto que autoriza al fiscal general Sessions a cambiar el código penal para crímenes contra las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el país y a todos los niveles. También pidió impulsar un proyecto de ley que aumente las penas en caso de violencia contra agentes policiales, en un toque de atención a los movimientos de derechos civiles que denuncian la brutalidad policial contra minorías raciales.
