Washington.— La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, negó ayer la posibilidad de que en los últimos días de la administración de Barack Obama se aplique una “amnistía” a los jóvenes indocumentados protegidos de la deportación bajo el programa de Acción Diferida, conocido como DACA.
“No hay un marco legal o regulatorio que permita un perdón a un grupo en conjunto”, expuso Lynch en un coloquio organizado por la publicación Politico. Explicó que los indultos presidenciales son una “decisión individual” del presidente, que se toma caso por caso. Como ejemplo puso los perdones en casos de condenas por delitos menores de droga que en los últimos años el presidente Obama ha firmado para presionar a favor de una reforma en el sistema judicial del país.
Así, Lynch cerró la puerta a una de las peticiones más reiteradas de los activistas proinmigrantes, quienes desde la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones del pasado 8 de noviembre, y dada su retórica a favor de deportaciones masivas y persecución contra los inmigrantes indocumentados, habían puesto sus esperanzas en una proclamación de Obama para blindar a los denominados dreamers de cualquier acción que pudiera llevar a cabo el futuro mandatario.
Con todo, Lynch hizo un llamado a la población para que siga presionando por el mantenimiento de programas como DACA, y así proteger de la deportación a estos jóvenes, quienes llegaron de forma irregular a Estados Unidos cuando eran muy pequeños y que, en la práctica, han crecido y sido educados dentro del sistema estadounidense.
“Esta administración [la de Obama] llegó a esa decisión (…) de forma consistente con los ideales de este país”, recordó Lynch.
“La gente tiene que continuar defendiendo esto, tiene que continuar alzando la voz a todos los niveles”, pidió, para hacer entender “a la gente que llegará [en referencia al futuro gobierno de Donald Trump] la importancia de estas políticas” de protección de los indocumentados.
“No sé lo que deparará el futuro, ni hay garantías en la vida”, se lamentó Lynch, pero señaló que las personas que han “trabajado duro” por los derechos de los dreamers “no pueden dejarlo ahora”.
Según los últimos datos del gobierno de EU, 741 mil 546 jóvenes están protegidos de la deportación por el programa DACA, de los cuales 579 mil 939 (más de 78%) son de origen mexicano. Algunos legisladores, como los senadores Lindsey Graham (republicano) o Dick Durbin (demócrata) unieron esfuerzos y presentaron un proyecto de ley (conocido como Ley de Puentes) que propone entregar a los receptores de DACA el estatus de “presencia protegida provisional”. Con eso se espera bloquear las consecuencias que podrían conllevar las actuaciones ejecutivas de Trump, de quien se teme que desde el primer día en el Despacho Oval podría deshacer el programa para jóvenes indocumentados instaurado por Obama. Sin embargo, y a pesar del discurso duro antiinmigración de campaña del magnate, en los últimos días su postura pareció suavizarse. Además de reducir el número de indocumentados que prometió deportar (de 11 millones a “dos o tres”), en una reciente entrevista en la revista Time dijo que su administración “encontrará algo” para solucionar esta situación.
Por el momento, y a la espera de lo peor, las asociaciones están pidiendo a los dreamers que en estas fiestas no viajen fuera del país por el riesgo de que puedan encontrar problemas a su regreso, a pesar de tener los documentos en regla.
