Después de las elecciones presidenciales del domingo, en las que se afianzó el poder del presidente, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, Nicaragua retornó a una espiral de crisis con Estados Unidos que cuestionó el proceso.
Las críticas señalan un presunto abstencionismo masivo, denunciado por grupos contrarios al gobierno; la exclusión en el proceso de las princpales fuerzas opositoras, y la falta de observadores nacionales y extranjeros.
Washington emitió ayer un cuestionamiento sobre la elección, a la que catalogó de “proceso viciado”, y afirmó estar “profundamente preocupado” porque se impidió “toda posibilidad de realizar” comicios presidenciales y legislativos justos y libres.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, en un comunicado difundido ayer, lamentó que se limitara la observación electoral.
“La decisión del gobierno de Nicaragua de no invitar a observadores internacionales independientes socavó aún más la legitimidad de las elecciones”, recalcó Torner, al confirmar que “seguimos presionando” a Ortega para que “respete las prácticas democráticas”.
La alerta surgió mientras en el Senado de EU espera Nica—Act, proyecto aprobado en la Cámara de Representantes en septiembre pasado y por el que la Casa Blanca podrá bloquear el acceso de Nicaragua a unos 300 millones de dólares anuales de préstamos externos.
Si es promulgada por el Senado y firmada por el presidente Barack Obama, la ley obligará a EU a que condicione los créditos a que Nicaragua certifique unas elecciones libres y honestas y una reforma judicial.
Anticipándose al reclamo, Ortega afirmó el domingo que los votos ahora en este país son contados por nicaragüenses, mientras que a principios del siglo XX eran contabilizados por las tropas estadounidenses.
Ortega ya sufrió el asedio bélico, político y económico de la Casa Blanca en ocasiones anteriores, primero como jerarca de una junta de gobierno y después como presidente surgido de las urnas. Sin ser calurosos, los nexos Managua—Washington han sido respetuosos con Ortega desde 2007.
En este contexto emerge la Organización de Estados Americanos, que no descarta aplicar a Nicaragua las sanciones de la Carta Democrática Interamericana.
Confirmación. El Consejo Supremo Electoral (CSE) ratificó ayer la victoria de Ortega y de Murillo, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sobre cinco pequeños partidos opositores que compitieron sin opción de triunfo.
Contado 99.8% (14 mil 552) de las 14 mil 581 mesas receptoras de votos, la pareja obtuvo 72.5% de los votos (1 millón 803 mil 944), con una participación de 68.2% del electorado, reportó. A falta de 29 mesas, el total de votos depositados es de 2 millones 578 mil 445, de un padrón de 3.8 millones de nicaragüenses y un abstencionismo del 31.8%, precisó.
La clave de la crisis está en la abstención, que según la oposición, fluctuó entre 70% y 80%. Indicó que los comicios fueron una farsa con la menor asistencia a las urnas en más de 30 años y expresó el rechazo popular.
Ortega se reeligió por segunda vez consecutiva, y ejercerá un tercer periodo seguido a partir de enero próximo, en lo que será su cuarto mandato presidencial.
