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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó ayer a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) abstenerse de continuar el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro al considerarlo inconstitucional y le prohibió realizar actos que puedan alterar el orden público, lo que intensifica el enfrentamiento entre los poderes públicos.
La decisión del máximo tribunal se dio horas después de que el secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba, anunciara que la mayoría del Congreso retomaría el juicio contra Maduro tras el fin de la tregua que habían acordado por petición del Vaticano para impulsar un proceso de diálogo con el gobierno.
Al defender la acción del Tribunal Supremo, Maduro afirmó que el fallo “pone las cosas en su justo lugar”, y aseguró que el sistema institucional funciona en Venezuela.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Henry Ramos Allup, le restó importancia a la sentencia y publicó en su cuenta de Twitter que la Sala Constitucional, a la que consideró “fraudulenta”, no puede dar instrucciones al Legislativo. “Absolutamente nula nueva decisión”, agregó.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus dijo a The Associated Press que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional seguirá adelante con el juicio de declaratoria de responsabilidad política de Maduro porque el proceso “se ajusta a la Constitución”.
Tras el segundo encuentro entre el gobierno y la oposición, realizado el pasado fin de semana, Torrealba declaró que se había acabado la tregua con el argumento de que el gobierno no ha cumplido los compromisos del diálogo. La oposición había exigido al gobierno el reconocimiento del Congreso y el respeto a sus decisiones, pero a fines de la semana pasada el Tribunal Supremo anuló dos leyes y el domingo Maduro prorrogó un decreto de emergencia económica que había sido rechazado por la Asamblea.
El juicio contra el mandatario, por presunto incumplimiento de los deberes constitucionales, había comenzado en octubre, pero fue postergado a comienzos de este mes por solicitud del Vaticano, que actúa como mediador en el proceso de diálogo.
El proceso no podría provocar la destitución de Maduro —ya que el Legislativo no está facultado por la Constitución para ello—, pero según Matheus derivará en una “sanción moral” al mandatario.
La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática ha planteado el plebiscito como una salida a la crisis que enfrenta el país sudamericano. Maduro descartó el fin de semana el referéndum y dijo que las próximas elecciones serán en 2018.
