Diego Cruz Alonso, conocido como uno de los “Porkys de Costa de Oro”, se presentará este miércoles ante los juzgados españoles para una vista sobre su extradición.
El acusado por la violación de la menor Daphne fue detenido en Madrid el 10 de junio pasado. Desde entonces intenta evitar la extradición a México alegando que posee también la nacionalidad española.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional escuchará las alegaciones de la defensa de Cruz Alonso, que llegará a los juzgados desde la prisión de Soto del Real. No está previsto que la resolución del juzgado se produzca este mismo miércoles.
Cruz permanece en prisión incondicional desde el 11 de junio. Fue detenido cuando salía de una céntrica residencia de estudiantes de la capital española, en donde se ocultaba con una identidad falsa. Sobre él pesaba una orden de detención internacional tras escapar de México antes de que se emitiera una orden de busca y captura contra él en abril.
Tras su detención, Cruz rechazó ser extraditado, lo que habría supuesto que estuviese ante los juzgados mexicanos en 48 horas.
Está acusado de “pederastia tumultuaria” por una agresión sexual cometida en enero de 2015 en compañía de otros tres jóvenes veracruzanos de familia adinerada, los llamados “Porkys de Costa de Oro”. Por ese delito se enfrentaría a una pena de entre 12 y 40 años de prisión. Es el segundo de los presuntos autores de esta agresión arrestado, después de que en mayo fuera aprehendido Enrique Capitaine.
La legislación española es muy estricta con los casos de abusos sexuales. Esa es una de las razones de que fracasara una anterior tentativa de Cruz de ser excarcelado a espera de que se resolviese el proceso de extradición. En esa oportunidad, el 21 de julio el juez de instrucción, Ismael Moreno, consideró que Cruz abandonó México pese a tener conocimiento de que existía un procedimiento judicial contra él mismo “por hechos muy graves” y que es “significativo” que se niegue a entregarse a autoridades mexicanas pese a rechazar su implicación en la violación.
En aquel recurso, Diego Cruz alegó “que tiene doble nacionalidad, que jamás se ha hurtado a la acción de la justicia compareciendo ante el juzgado de Veracruz que instruye el caso todas y cada una de las ocasiones en que ha sido citado, que abandonó México en marzo de 2015 para hacer un curso en la Universidad europea, que no es un delincuente, perteneciendo a una familia estructurada y que tiene domicilio conocido en la residencia de estudiantes y por último, que no reconoce su participación en el delito que se le imputa”.
El juez desestimó esos argumentos. Consideró que el riesgo de que Cruz se fugase era “elevado” y decidió mantenerlo en prisión atendiendo “al cumplimiento de las garantías previstas en las normas de extradición”. Los juristas consultados consideran esa decisión una señal de que el recurso del sospechoso contra la extradición será rechazado y que en unos días se decidirá su traslado a México.
El auto del 21 de julio también menciona que España está obligada a respetar sus convenios judiciales con México, por lo que no es competencia de los juzgados españoles determinar la implicación del sospechoso en los hechos por los que se lo acusa, sino cooperar con las autoridades mexicanas para que ellas puedan juzgar al presunto criminal.
