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Managua.— Arrinconada por un cuadro social explosivo, un deteriorado escenario de denunciada ilegitimidad institucional y una desaceleración económica, Nicaragua gira, retrocede y dobla en el mismo círculo que en el siglo XX la hundió en una historia de guerras, dictaduras, masiva pobreza y reducidos feudos de riqueza, y ahora, con la creciente amenaza de que la familia Ortega Murillo termine de instaurar y consolidar una dinastía política de partido hegemónico.
Hundida de 1934 a 1979 en un aparato dictatorial establecido por la familia Somoza Debayle, que se convirtió en un sultanato con un poder político-militar de facto transmitido de padre a hijos y nietos, y ejercido por un implacable generalato de un sistema castrense de control, Nicaragua parece avanzar hacia otro precipicio: el califato del presidente Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, autoerigidos en soberanos de máxima e incontrastable autoridad.
Decapitada la oposición —despojada este año de su representación legal, en junio, y de 28 de sus bancadas parlamentarias, en julio— y sin posibilidad de participar en los comicios generales del próximo 6 de noviembre, la ruta quedó libre para Ortega y Murillo.
Él es candidato presidencial del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y ella es su compañera como aspirante vicepresidencial, mientras los partidos “zancudos” —viven de chupar sangre de la estructura gobernante— ofrecen fórmulas dóciles al oficialismo, en un decorado que los opositores tildan de farsa electoral.
Jefe de la junta de gobierno que asumió el poder en 1979 con el derrocamiento armado —por la guerrilla del FSLN— del somocismo, electo presidente en las urnas para gobernar de 1985 a 1990 y, por ahora, de 2007 a 2017, en dos periodos consecutivos de cinco años, Ortega puede reelegirse de manera indefinida. Todo lo hace de la mano de su poderosa esposa, primera dama y coordinadora gubernamental.
Clientelismo
Apoderada del timón político, Murillo es una mandamás. Todo pasa por su escritorio, como el control clientelista de una partida estatal de unos 500 mil dólares al año que permite a la pareja ayudar a sofocar carencias materiales y financieras de parroquias católicas y de otras religiones… a cambio de complicidad política.
“Esto es un califato sin tener necesariamente relación con aspectos religiosos”, acusó el abogado e intelectual nicaragüense Carlos Tunnermann, ministro de Educación y embajador en Washington en los 11 años de la revolución izquierdista que se instaló en Nicaragua tras el triunfo militar del FSLN sobre el somocismo y que fue depuesta, en elecciones, en 1990.
“La opción que se ofrece al pueblo es la perpetuidad en el poder de una nueva dictadura dinástica como los Somoza”, adujo, en entrevista con EL UNIVERSAL. El somocismo fue “sultánico”, afirmó.
“Ortega es candidato eterno de su partido, desmanteló el proceso electoral y lo llevó al colapso”, advirtió, al recordar que el gobernante, por decisión unilateral, cerró puertas a la observación internacional de los comicios.
Con sólo unos partidos “zancudos” y sin credibilidad, “hemos caído en un sistema de partido hegemónico, aunque tampoco de único. Los otros son satélites o muy pequeños y van a la farsa electoral para dar apariencia de competitividad. Ortega será ungido presidente en un simulacro electoral. No hay por quién votar: la abstención es la única alternativa para evitar legitimar un proceso sin elección libre”, alertó.
De manera sorpresiva, el general en retiro Humberto Ortega, hermano menor del presidente y quien fue jefe del ejército de Nicaragua de 1979 a 1995, salió en defensa del mandatario y de su gobierno.
En una declaración que publicó el 2 de septiembre en un desplegado en el diario La Prensa, de Managua, el ahora poderoso empresario alegó que “nuestras formas de Estado no constituyen una dictadura militar, aunque producto del particular desarrollo histórico de nuestra sociedad desde caciques-conquistas-colonia, persisten en ser más piramidal-autoritaria-centralista que democráticas”.
A partir de 1990, con “la incipiente democracia, reaparece el estilo personalista-familiar en la presidencia, diferente a una dinastía que nadie proclama y es inviable”, aclaró.
El bloque Ortega-Murillo y el FSLN rechazan el ataque opositor. Otro sector cuestionado es la iniciativa privada, pues cunde la idea de que Ortega, como el somocismo, dijo a los más ricos del país que lo dejen libre para dirigir la política y él los dejará libres para hacer negocios.
Ante las medidas contra la oposición, el nicaragüense José Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, denunció que el proceso electoral quedó en “un camino de mayores dudas” y con “más incertidumbre” y que despojar a los opositores de su representación legal “no abona en absoluto a la situación de estabilidad y clima de negocios que requiere el país”.
Incendio
De un mínimo de 120 mil nicaragüenses que ingresa al año a la población económicamente activa, unos 60 mil incursionan al trabajo formal y los demás quedan flotando o atrapados en la economía formal o subterránea y en la vía de irse del país a Estados Unidos, Costa Rica, Panamá o España, principales destinos de los oriundos de esta nación que es la segunda más pobre de América, precedida por Haití.
Cifras del Banco Central de Nicaragua confirmaron que de cada 100 personas en edad de trabajar, 79.6% integra la economía informal y 20.4% está en la formal y con bajos sueldos. Los nicaragüenses necesitan de dos y medio salarios para cubrir el costo de la canasta básica, de acuerdo con los números oficiales.
Las fuentes de empleo escasean en un país en el que 70% de sus 6.3 millones de habitantes sufre variados rangos de miseria o pobreza y la opción de migrar contra su voluntad acorrala a los nicaragüenses. La expulsión al exterior de miles —unos 700 al día obtienen visa para viajar a Costa Rica— se convertirá, al final del calvario migratorio, en fuente vital para las finanzas públicas por el envío de remesas que oxigenan la economía.
El banco precisó que las remesas, que en 2015 sumaron mil 193.4 millones de dólares y aumentaron 5.1% respecto de 2014, cuando alcanzaron mil 135.8 millones de dólares, equivalieron a 49% de las exportaciones del año anterior. Las remesas enero-marzo de 2016 llegaron a 302.3 millones de dólares y representaron e 9.1% del Producto Interno Bruto (PIB).
La economía, no obstante, pierde ritmo. El crecimiento del PIB bajó de 6.2% en 2011 y 5.6% en 2012 a 4.5% en 2013, a 4.6% en 2014 y a 4.9% en 2015, según datos oficiales.
“El mejor programa social que hay en Nicaragua es el de los pobres que se van al exterior y mandan remesas a los pobres que se quedan en el país”, lamentó el economista nicaragüense Óscar René Vargas, veterano miembro del FSLN pero crítico constante de las políticas de Ortega. “Hemos entrado en una desaceleración económica. A los inversionistas extranjeros les asusta una dictadura dinástica”, declaró a este diario.
Entre los factores del frenazo, Vargas citó que la cooperación de Venezuela a Ortega (especialmente petrolera) se reduce por la crisis venezolana, lo que merma la capacidad del gobierno de ayudar a los pobres con donaciones láminas de zinc, cemento y otros bienes.
La deuda pública aumentó de 5 mil 753.5 millones en diciembre de 2015 a 5 mil 924.8 millones de dólares a junio 2016 y, de acuerdo con el banco, 4 mil 924.3 millones de dólares son de débito externo y el resto de interno. De enero a junio de este año, la deuda externa creció 2.5% desde diciembre de 2015, cuando cerró en 4 mil 804.4 millones de dólares.
En el menú de Nicaragua, a juicio de Vargas, ya convergen tres factores que pueden detonar una crisis de mayor gravedad en un círculo que remite a las crisis violentas del siglo XX: una conflictividad política que despoja de legitimidad a Ortega, una conflictividad social, por los frecuentes reclamos populares, y una desaceleración económica.
