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Madrid.— Los escándalos penales se acumulan en el Partido Popular (PP), la formación cuyo líder dirige España en funciones, a la espera de un gobierno definitivo. Sus dirigentes históricos siguen llenando los banquillos de acusados y eso oscurece las perspectivas de Mariano Rajoy de conseguir el apoyo de otros partidos para ser presidente.
El último gran problema de Rajoy es Rita Barberá, quien durante años fue denominada “la alcaldesa de España” por su popularidad al frente del ayuntamiento de Valencia. Los tribunales determinaron el martes que Barberá debe ser investigada por financiación irregular del PP valenciano. Ayer la ex alcaldesa —ahora senadora nacional— anunció que deja el PP pero no su cargo, el cual le asegura privilegios judiciales.
El acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos en agosto para investir a Rajoy presidente exige que cualquier político formalmente investigado deje su puesto. En ese momento Rajoy no logró la presidencia porque le faltó el apoyo de más partidos, pero contaba con el acuerdo de Ciudadanos como primer peldaño para volver a intentar una votación en el parlamento que lo eleve a la jefatura de gobierno este otoño.
Sin embargo, toda la prensa española recordaba ayer que la nueva ola de escándalos hace difícil que alguna formación quiera asociarse al PP y su imagen corrupta. El de Barberá no es el único asunto candente. El diario El Mundo desveló que el ex ministro Jaume Matas ha acordado con la fiscalía confesar delitos de corrupción a cambio de no volver a ingresar en prisión, donde ya estuvo por otros casos.
El escándalo que más ha herido la imagen del PP estos días ha sido el de José Manuel Soria, conocido como “el ministro de los Panama Papers”. El ex responsable de Industria tuvo que dimitir en abril después de que la prensa probase que mentía cuando negaba haber tenido empresas en paraísos fiscales.
Tras el escándalo, Soria desapareció de la primera línea hasta el 2 de septiembre. Ese día, minutos después de que Rajoy perdiera la votación de investidura a la que se presentó apoyado en el plan anticorrupción firmado con Ciudadanos, se supo que Soria había sido elegido para un alto cargo en el Banco Mundial en representación de España.
El desagrado público fue tan fuerte que varios cargos del PP protestaron públicamente y Soria renunció al cargo. Durante días circularon rumores sobre la dimisión del ministro que lo designó, Luis de Guindos, titular de Economía. Otro diario, El Confidencial, demostró que el PP había mentido una vez más sobre el nombramiento de Soria, y que este fue un favor político, no el resultado de un concurso administrativo como el gobierno argumentó al principio.
Muchos otros dirigentes del PP desfilarán por los tribunales este otoño.
El 26 de septiembre arranca el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, una caja de ahorros arruinada en la que los consejeros cobraron comisiones con tarjetas de crédito ilegales. Uno de los principales acusados es Rodrigo Rato, ex ministro de Economía del PP. Y en el juicio por la trama Gurtel, a partir de octubre, testificarán al menos cinco ex ministros por corrupción y financiación ilegal.
Con estas perspectivas, Rajoy debe convencer al Partido Socialista de que sus diputados se abstengan para dejarlo ser presidente. La alternativa son unas terceras elecciones en diciembre. Paradójicamente, esa opción premiaría al PP porque, como muestran todas las encuestas, su electorado es tan fiel que lo haría mejorar sus resultados ante la desmovilización de los votantes contrarios.
